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domingo, 18 de mayo de 2014

qué extraño que fuera Ricardo Lagos tenido por humanista y por socialista, que pretenda justificar la toma de todo nuestro Litoral marítimo, alegando tratarse sólo del 10% de nuestras pérdidas territoriales. le parece poco? replica Carlos Mesa algunas horas después

El debate no se basa ahora en responder porqué Chile hizo tantas ofertas concretas a Bolivia que no cumplió, sino la evidencia de las razones que Chile –no Bolivia– esgrimió para hacerlas y comprometer en ellas su fe como Estado
El expresidente de Chile Ricardo Lagos ha dicho que “Bolivia tiene en la actualidad la mitad del territorio que poseía cuando se independizó de la colonia española, aunque sólo el 10 por ciento de lo que ha perdido está en poder de Chile, mientras que el resto corresponde a Brasil, Paraguay, Perú y Argentina”, añadiendo además que “Colocar el enfoque de la situación boliviana actual única y exclusivamente en Chile no me parece una forma adecuada de observar este proceso”.
El exmandatario reconoce que su país se apoderó del Litoral boliviano (120.000 km²). Lo que sorprende es que una usurpación de territorio por la vía de las armas sea justificada a partir de la supuesta acción similar hecha por otras naciones en contra de Bolivia. Pero lo evidente es que el exgobernante afirma algo que a muchos de sus compatriotas les cuesta reconocer, que Chile se apoderó por la fuerza (no por la razón) de la totalidad de nuestro Litoral. Sus palabras recogen algún eco de la famosa carta del embajador chileno Abraham König al ministro de Relaciones Exteriores Eliodoro Villazón en 1900, que decía: “Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena… Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones”.
Chile invadió Antofagasta e inició la guerra para defender los intereses de una empresa privada anglo-chilena, que explotaba recursos naturales en territorio boliviano: la “Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta”, algunos de cuyos accionistas eran ministros, diputados y altas personalidades del Gobierno chileno. La razón aducida, el cobro de un impuesto adicional no contemplado en el Tratado de 1874 y la rescisión que hizo Bolivia del contrato ante la negativa de la empresa de hacer el pago de ese impuesto. La absurda desproporción entre la causa y el efecto nos exime de mayores comentarios.
Si era injustificable pero entendible que en 1900 se afirmara que la victoria militar da derechos, no parece un argumento muy afortunado recordarlo hoy. Pero, ¿por qué la herida del mar es tan profunda? Lo es porque a diferencia de nuestro dominio de la Cuenca del Plata tras el conflicto del Chaco (en el que Bolivia preservó la totalidad de sus riquezas de hidrocarburos) y del Amazonas tras el conflicto del Acre, en el Pacífico la nación no sólo perdió todo su Litoral, sino que perdió un acceso libre, útil y soberano al océano. Perdió una cualidad y perdió una ventana propia a la cuenca más importante de este planeta en el siglo XXI. Mientras el país es parte fundamental de las cuencas platense y amazónica, no lo es del mar.
El líder socialista que apunta a una petición de incompetencia de la Corte Internacional de Justicia olvida que varios de sus antecesores en el cargo; en concreto los presidentes Domingo Santamaría, Jorge Montt, Juan Sanfuentes, Arturo Alessandri, Emiliano Figueroa, Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Augusto Pinochet entendieron dos cosas: que era injusto e inconveniente para los intereses de Chile asfixiar a Bolivia privándole de un puerto y un acceso soberano al Pacífico y, algo tanto o más importante, que el Tratado de 1904 no ha resuelto el problema bilateral generado por la usurpación de nuestro Litoral. La propia presidenta Bachelet se avino en 2006, al aceptar la agenda de los 13 puntos, a iniciar una negociación sobre el mar con agenda abierta.
El debate no se basa ahora en responder porqué Chile hizo tantas ofertas concretas a Bolivia que no cumplió, sino la evidencia de las razones que Chile –no Bolivia– esgrimió para hacerlas y comprometer en ellas su fe como Estado.
El presidente Lagos recupera el concepto de que nuestro Litoral “está en poder de Chile”, reflotando una palabra que fue muy cara a los políticos chilenos después de la guerra. Pero no valora las razones esenciales por las que se mantiene un problema pendiente entre Bolivia y Chile, aquellas que hacen a una cualidad, a una potencialidad económica como país que frenan además el pleno desarrollo de las relaciones bilaterales entre dos naciones complementarias.
Su intención de resaltar las supuestas debilidades históricas de Bolivia, su insistencia en defender la intangibilidad de un Tratado que Bolivia ni cuestiona ni denuncia en su memoria, su propuesta de que Chile plantee una excepción de incompetencia a la CIJ que nunca ha fallado en contra de su propia y universal jurisdicción, retratan una preocupación que se canaliza por los caminos de la intolerancia, cuando lo que Bolivia pide en su demanda no es otra cosa que un diálogo con soluciones.
Grande es el contraste con lo expresado en visita oficial a Chile por uno de los principales aliados históricos de Chile, el Ecuador, cuyo Presidente abogó por nuestra salida al mar, marcando un giro muy importante en la posición tradicional ecuatoriana sobre el tema.
Chile debe mirar en retrospectiva su propia política exterior para saber cuan consistente puede ser el juicio de Bolivia en La Haya.

El autor fue Presidente de la República.

domingo, 11 de mayo de 2014

Carlos Mesa asume que la causa marítima es el tema más importante de la política exterior. plrudencia confidencialidad son imperativos. el mar es, una razón de seguridad, por ello los medios se han alineado en el respaldo de la demanda en medio de absolutalibertad, afirma en su primer artículo como Vocero del Tema para los eventos especiales.

La idea de la libertad se traduce del mejor modo cuando tenemos la certeza de que un pensamiento, por muy distinto y contrario que pueda parecer incluso a los razonamientos más extendidos y comúnmente aceptados por la mayoría, puede ser expresado libremente en privado y en público. No hay una causa más próxima a los intereses de una sociedad, de una nación, de la patria –si es que queremos asumir la idea fuerza de un vínculo emocional con una comunidad simbolizada por ese concepto– que la seguridad que la patria me da, de que soy una persona libre y que sé que puedo actuar libremente con el único límite del sometimiento a la ley.
La defensa de los intereses de la nación, en lo que toca a su seguridad y a sus causas más importantes, debe hacerse siempre sobre premisas que no den lugar ni a la total subjetividad ni a la total discrecionalidad, conscientes de que el derecho del Estado de preservar su seguridad y sus intereses supremos está fuera de toda discusión. Por eso, es imprescindible definir con claridad el alcance de esa defensa y el análisis sereno de cuándo es que realmente esos intereses y esa seguridad han sido puestos en riesgo.
El ejercicio de la libertad está depositado mejor que en ningún otro ámbito, en la certeza de que los medios de comunicación, diciendo, denunciando y fiscalizando al poder, son una muestra de la fortaleza y la solidez de nuestra libertad colectiva. Por eso, sólo pueden ser limitados cuando es inequívoco que la acción de un periodista o un medio han puesto en riesgo la seguridad nacional.
Cuando Julian Assange y Edward Snowden actuaron, los Estados Unidos de América como Estado invocó su seguridad nacional y sus autoridades afirmaron que en diferentes momentos y por diferentes razones, ambos personajes vulneraban sus leyes al haber puesto al descubierto millones de datos que ponían en evidencia el funcionamiento de la diplomacia estadounidense, o revelaban la actividad universal e indiscriminada de espionaje ejercida por la Agencia Nacional de Seguridad de ese país en el mundo entero. La posición del gobierno de Bolivia en ambos casos fue la de respaldar el derecho a la libertad de expresión, ejercida por ambas personas y, más aún, celebraron que así fuera porque se ponía en evidencia el poder desmesurado de la primera potencia del mundo.
No me cabe la menor duda de que la causa marítima es esencial y el tema más importante y sensible de la política exterior del país. Tengo la certeza de que la prudencia y la confidencialidad son en este caso imperativos para sus autoridades, sus funcionarios y para quienes hemos asumido una responsabilidad directa en un objetivo mayor como éste. El mar es, por todo ello, una razón de seguridad, de confianza en lo que hace el Estado.
En el marco del pluralismo, los medios de comunicación del país prácticamente sin excepciones, se han alineado en el respaldo a nuestra demanda y se han adherido a las razones que justifican y explican el juicio presentado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. En este camino y a favor de esta causa, no creo que haya mejor lección de seguridad, de confianza en lo que hace el Estado y el Gobierno, que la absoluta libertad para que periodistas y medios escriban, opinen e investiguen. ¿Cuál es el límite para ese trabajo? Que el imperativo de la confidencialidad que compromete nuestra causa, por ejemplo el contenido de la memoria presentada por nuestro país, mantenga sus condiciones de reserva y confidencialidad imprescindibles. Eso, sin embargo, no quiere decir ni puede interpretarse como una barrera para que un periodista y un periódico escriban sobre las características formales de la entrega del documento en Holanda, las hipótesis contempladas, el debate sobre el mejor camino a seguir y la lógica que culminó en la ruta escogida para el juicio. Ruta que es de público conocimiento y que, como no podía ser de otra manera, el Gobierno ha hecho conocer y debe hacer conocer al mundo.
El mayor riesgo es el celo excesivo, transmitir la idea de que en una cuestión de esta dimensión los funcionarios del Estado tienen miedo. No puede asumirse que un artículo exhaustivo sobre la cuestión citada, redactado con las legítimas herramientas de un periodista, que incluyen la protección de fuentes, comprometen al Estado. Lo que publica una investigación del New York Times, o El País, o Le Monde, no puede ser asumido por una corte nacional o internacional como una infidencia, una imprudencia, o una vulneración de un compromiso de Estado, porque esos periódicos como medios privados o independientes, obviamente son voces que no comprometen ni al Estado ni al país, sino a su propia voz.
La libertad será siempre y por encima de todo la mejor garantía de que Bolivia actúa en su política de Estado con firmeza y convicción y de que le asiste la razón de la historia, de la justicia y de la ética.

El autor fue presidente de la República
http://carlosdmesa.com/ 

miércoles, 7 de mayo de 2014

Marcelo Ostria diplomático y escritor, trae a colasión la convocatoria de Crespo Gutiérrez a Roberto Prudencio en torno a cómo podría Bolivia asumir la unidad nacional. interesante. "la unión de los contrarios"

En la historia de Bolivia, pocas veces –si hubo alguna– predominó la visión de futuro para lograr la unidad nacional; por supuesto la unidad en la diversidad tan proclamada y deseada. Y no es que hubieran faltado quienes la propiciaban. Incluso se recuerda un lema ahora olvidado: “La unidad nacional por el deporte”.
Hace más de 40 años que el canciller de entonces, don Alberto Crespo Gutiérrez, reconociendo la valía del pensador e historiador Roberto Prudencio Romecín, le pidió que expusiera en una reunión de un grupo de funcionarios de la Cancillería su visión sobre la posibilidad de aunar a los bolivianos para que respaldaran una política destinada a obtener el retorno de Bolivia al océano Pacífico –preocupación que compartieron todos, absolutamente todos, los que dirigieron el Ministerio de Relaciones Exteriores–. Esta consulta se hizo a muchas personalidades de la época.
Don Roberto, entre otros temas, habló de las negociaciones con Perú luego de la victoria de Ingavi en 1841, batalla que consolidó la independencia de la República. Dijo, en una parte de su exposición, que Bolivia vencedora no obtuvo lo que entonces era legítimo: compensaciones de guerra que el vencedor imponía al vencido. Era la regla de la época; es decir, un derecho que, en este caso, correspondía a Bolivia y no a personaje alguno. “Solo se puede ser generoso con lo que le pertenece y no con algo ajeno, en este caso el derecho de Bolivia a obtener compensaciones de guerra”, afirmó Prudencio Romecín. Si no hubieran mediado ciertas circunstancias –continuó–, el general José Ballivián habría sido un traidor o un estúpido. Pero el vencedor de Ingavi “no era ni lo uno ni lo otro”, puso en claro don Roberto. Lo cierto es que Ballivián tuvo que abandonar precipitadamente las negociaciones de paz con el vencido, porque había estallado un intento de golpe de Estado en la levantisca ciudad de La Paz.
Ingavi fue una oportunidad para la unidad –no para la uniformidad política que, en verdad, es casi imposible ante la diversidad de ideologías en pugna–, y ahora es difícil, aunque no imposible, encontrar nuevos elementos que despierten un sentimiento unificador con el mismo significado y trascendencia.

Un poeta uruguayo –Enrique H. Fierro (1941)– en uno de sus poemas decía: “Montevideo era una fiesta, / era la unión de los contrarios”. ¿Bolivia alguna vez estará de fiesta para que se dé esa generosa ‘unión de los contrarios’? Ojalá lo logremos

domingo, 4 de mayo de 2014


claro que sí. chilenos reconocen que existe problema latente

Carlos Mesa documenta y sostiene

No es verdad, como han sostenido en los últimos años algunos mandatarios chilenos, que no exista ningún problema pendiente con Bolivia. Lo prueban los hechos referidos y la disposición de Chile en 1987, en 2000 y en 2006 de aceptar negociar el tema con todas sus connotaciones
La construcción de un caso no es una tarea fácil, demanda un profundo y serio análisis jurídico y una presentación con impecable lógica interna basada en unos antecedentes, un contexto y, sobre todo, en unos hechos.
El caso de Bolivia comenzó el 14 de febrero de 1879, hace 135 años. En ese momento se produjo un hecho, el inicio unilateral y arbitrario de una guerra a través de la invasión y toma militar de la ciudad de Antofagasta, la ciudad más importante de nuestro departamento Litoral. La consecuencia fue el despojo a Bolivia de 120.000 km2 de superficie y 400 km de costa.
Las razones jurídicas que fundamentan el caso boliviano ante la Corte Internacional de Justicia tienen su punto de partida en el Tratado de “Transferencia de Territorios” firmado en 1895 entre Chile y Bolivia que disponía (de manera imperativa) la otorgación a Bolivia de un acceso libre y soberano al océano Pacífico. Han pasado 119 años desde esa obligación asumida y aceptada por Chile. Desde entonces y hasta hoy, sea mediante documentos bilaterales, sea mediante documentos unilaterales de Chile, éste ofreció otorgar a Bolivia una salida libre, útil y soberana al Pacífico en nueve oportunidades. Desde que el embajador de Chile en Bolivia, Emilio Bello Codesido, presentó a consideración del Gobierno de Bolivia el Acta de 10 de enero de 1920, hasta que en noviembre de 1983 Chile apoyó la Resolución de la OEA que exhortaba a un acercamiento entre ambos países que haga posible “dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico”, transcurrieron 63 años en los que Chile hizo ocho veces la oferta a Bolivia de otorgarle soberanía en el Pacífico.
Ese compromiso fue asumido por seis presidentes chilenos, lo que nos permite afirmar, sin posibilidad alguna de error, que Chile tuvo una política de Estado entre 1880 y 1904 primero, y entre 1920 y 1983 después, de otorgarle un puerto o una salida soberana al mar a Bolivia. Estos hechos documentados y suscritos por Presidentes, Ministros de Relaciones Exteriores o Embajadores de Chile, después de la suscripción del Tratado de 1904, demuestran que esa nación reconoció reiteradamente que sí existe un problema pendiente con Bolivia y que en su propia lectura, 1904 no marcaba la última palabra en un tema crucial, nuestro acceso al mar. Bolivia, comprendiendo la dimensión y las consecuencias del malhadado tratado, asumió a su vez como política de Estado la reivindicación de una salida libre, útil y soberana al mar y decidió no hacer el pedido de la devolución del territorio que nos fue arrebatado. Sobre esa lógica, que con gran lucidez planteó en 1910 el Ministro de Relaciones Exteriores Daniel Sánchez Bustamante es que se movió la política exterior boliviana y a ella respondió Chile, comprendiendo y –esto es lo fundamental– reconociendo que era justo e imprescindible darle una salida al mar a Bolivia para cerrar definitivamente tan dolorosa página.
Por ello, no es verdad, como han sostenido en los últimos años algunos mandatarios chilenos, que no exista ningún problema pendiente con Bolivia. Lo prueban los hechos referidos y la disposición de Chile en 1987, en 2000 y en 2006 de aceptar negociar el tema con todas sus connotaciones.
El caso jurídico de Bolivia tiene que ver no solamente con el cercenamiento que sufrió en una guerra que no provocó y que no inició, sino con un razonamiento común en el que Bolivia y Chile convinieron; que no tenía sentido ni histórico, ni económico, ni geopolítico cerrar para siempre las puertas del océano a nuestro país.
La construcción de una jurisprudencia sobre el tema no está basada en compromisos etéreos, ni siquiera en los textos de las ofertas chilenas, tiene una naturaleza jurídica mayor, la de que quien ganó la guerra y se apropió de territorios ajenos, y entendió muy pronto que el país al que había vencido debía preservar una salida soberana al mar. Ese razonamiento fue expresado pública y claramente por varios presidentes chilenos. No tiene ningún sentido que esa política de Estado encarada por Chile durante tantas décadas, y expresamente después de 1904, sea olvidada o negada hoy.
En el contexto entendible de la defensa de los intereses legítimos de un país, es posible pensar que un acuerdo que implique la salida soberana de Bolivia al mar –por supuesto en una dimensión moderna y amplia del concepto de soberanía–, favorece esos intereses que se invocan cuando se toma posición con respecto a Bolivia. Es la lucidez de los responsables del Estado chileno, durante casi un siglo, la que nos permite construir un caso jurídico sólido, sometido a un fallo de la Corte Internacional de Justicia. No parece por ello descabellado invitar a quienes representan a Chile que, en el marco de una vocación pacifista, acepten como una verdad incuestionable que fueron sus propios antecesores quienes formularon la doctrina de la demanda boliviana.
Ése y no otro es el caso de Bolivia ante la Corte Internacional en La Haya. 

El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/ 

viernes, 2 de mayo de 2014

Victor Hugo Cárdenas, Jorge Quiroga, o Gustavo Fernández bien podrían ser nominados para las embajadas en Lima, Washington y Madrid desde donde Carlos Mesa tendría el apoyo de primer nivel para explicar la causa del mar en Foros y Seminarios. EFE publica al ex-presidente

"Yo creo que esto es fundamental. Lo hemos conversado con las autoridades, con el presidente, con el canciller y ellos están absolutamente conscientes de que es imprescindible en el corto plazo el nombramiento de un diplomático que esté como parte de un equipo que tiene que tener el más alto nivel", dijo Mesa a la red Cadena A.


Según Mesa, que asumió estos días la misión oficial de explicar en foros externos la causa marítima de Bolivia, la designación de un nuevo representante en Lima cerraría un circuito para defender el juicio que se ha planteado contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por una salida al mar.
Bolivia perdió a fines del siglo XIX su litoral en el Pacífico en una guerra contra Chile, en la que Perútambién perdió territorio al concurrir al enfrentamiento en alianza con los bolivianos.
En el equipo boliviano también está el expresidente Eduardo Rodríguez (2005-2006) como agenteante La Haya y hace poco asumió como nueva cónsul general en Chile la historiadora Magdalena Cajías, que es la máxima autoridad boliviana en Santiago, ya que entre ambas naciones no hay relaciones a nivel de embajadores.
Desde 2011, la legación diplomática boliviana en Lima está a cargo de Jorge Ledezma.
El expresidente Mesa reiteró que la decisión del Gobierno de Morales de construir una política de Estado sobre la demanda marítima fue lo que le llevó a aceptar la misión de hacer representaciones específicas de su país sobre este asunto.
También dijo que no es "antichileno" y respeta "profundamente" al Estado chileno, su pueblo y sus instituciones, pero eso no le quita firmeza en su defensa del tema marítimo frente a ese país.
"Creo que la solución del problema marítimo permitirá una complementariedad energética, de recursos de agua, de intercambio comercial, de exportaciones, importaciones, del desarrollo del norte de Chile y del oeste de Bolivia que son fundamentales para el futuro de los dos países", comentó el exmandatario.
Bolivia presentó hace dos semanas en La Haya la memoria con los alegatos históricos, diplomáticos y jurídicos de su demanda. 
EFE

jueves, 1 de mayo de 2014

ver nuestro post scriptum abajo. después del nombramiento de Carlos Mesa como delegado para explicar la demanda boliviana ante la Corte de Justicia de La Haya, se levantó la esperanza de remozar el tema, ahora con los dos expresidentes a la cabeza. buena cosa contar con su experiencia y prestigio.

El expresidente Carlos Mesa Gisbert sugirió ayer que un escenario para explicar los argumentos de la demanda boliviana contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es la Cumbre del G77+China que se desarrollará en Santa Cruz el mes próximo.

“Creo que en la reunión de la Cumbre de G77+China el tema del mar es fundamental y si puedo contribuir para explicar a la comunidad internacional las razones de la demanda, de seguro que será útil”, informó.


Reiteró que su designación no se desarrollará como un funcionario de Estado, sino como un ciudadano y exmandatario a disposición en cuanto el presidente Evo Morales así lo requiera, porque no existe una designación al cargo como parte del acuerdo.

Asimismo, Mesa elogió las políticas del Gobierno que busca una salida al mar con soberanía para Bolivia y puso como ejemplo la reunión que Morales sostuvo la mañana de este martes con ocho de los nueve gobernadores del país y autoridades de Estado.

Dijo que al igual que Bolivia, Chile pondrá toda una ofensiva internacional en su defensa tras la presentación de la memoria ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Mesa coordinará sus tareas con el canciller David Choquehuanca; el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé y todo el equipo de Diremar.

P.S. nuestro editor fue de los primeros en sorprenderse por la declaración del Canciller Choque, que el tema del Mar, no podía ser incluido en la cumbre del Grupo 77. "es un asunto bilateral entres dos estados (Bolivia y Chile) que no corresponde al ámbito de los 77 + China" explicó Choquehuanca. Dijimos que siendo Bolivia anfitrión, nadie le negaría el derecho de introducir el tema, al menos como asunto para ser oído, si bien, sería talvez difícil obtener una declaración. ahora bien, la sugerencia de Carlos Mesa de incorporar el tema de la demanda en la Cumbre, es acertada. es excelente y oportuna. es más, si el Tesoro está gastando tantísimo dinero en el evento, bien merece la pena, que sirva como escenario para exponer la causa del Mar,, en lo histórico, en lo político, en el ámbito de la Justicia Internacional y de la solidaridad. Bien don Carlos. punto alto.