armado de paciencia y reciedumbre, Carlos Mesa en menos de una semana por la tercera vez sale a la palestra para aclarle a Evo que no es manipulado por nadie, que siempre ha sido libre de expresar sus ideas. en tono conciliador le dice al Presidente que las diferencias de opinión deben debatirse. retirará Evo lo dicho o se ratificará?

El expresidente y vocero de la causa marítima Carlos Mesa publicó un mensaje en su blog en el que rechazó las opiniones del jefe de Estado, Evo Morales, quien lo sindicó de ser "dirigido" por el exministro Carlos Sánchez Berzaín desde EEUU.

"El presidente Evo Morales ha hecho una referencia personal sobre mí que no paso por alto. Dice que no puede entender que yo esté dirigido por un exministro desde el exterior. Tengo el mayor respeto por el Presidente y por su investidura, y es precisamente por ese respeto que me veo obligado a dejar este tema en claro", afirma el mensaje de Mesa.

El exmandatario agrega: "No estoy en la actividad político partidaria, no soy parte de la oposición organizada, pero sí soy un ciudadano con pensamiento propio. No necesito la dirección, ni el impulso de nadie para asumir mis ideas y defender mis convicciones, como lo he hecho durante toda mi vida".

Ayer por la noche, en el programa de TV UNO Decide, el presidente Morales dijo: "No puedo creer que un expresidente, un exvicepresidente, un hombre inteligente, esté con Sánchez Berzaín, eso me preocupa, cómo hombres inteligentes pueden estar dirigidos por Sánchez Berzaín desde EEUU, no lo puedo entender".

En las últimas semanas se han producido diversos ataques contra Mesa vertidos por distintas autoridades. Se pronunciaron de manera crítica el Presidente, el Vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro del Trabajo, Gonzalo Trigoso y otros. Trigoso incluso dijo que Mesa podía enfrentar un Juicio de Responsabilidades por un evento de represión contra jubilados cuando era Presidente interino en 2002. El Ministerio de Gobierno desautorizó a Trigoso por ese anuncio.

La declaración de Morales llamó la atención aún más si se considera que Mesa y Sánchez Berzaín tienen una relación muy tirante, de acusaciones mutuas, muchas de ellas públicas. Sánchez Berzaín ha calificado a Mesa como un "vendido" al gobierno del MAS.

En su mensaje, el exmandatario concluye señalando que confía "en que en un espíritu plural sea posible que las diferencias legítimas sobre nuestro presente y nuestro futuro se debatan en un ámbito respetuoso, en el que la única fuerza utilizada sea la de las ideas y los argumentos".

Evo juega con fuego. no le cuadra que Mesa apoye la causa del MAR y no apoye al MAS. no atina a desprestigiar al ex.presidente y las críticas crecen cada dia, al punto que podría "renunciarlo a la vocería internacional" lo que sería asestar un golpe de gracia a la causa marítima que todos los bolivianos enarbolamos al margen de los Gobiernos de turno.

El gobierno ha caído en una contradicción: primero, como lo mencionamos en un editorial anterior, criticó a la agencia ANF por haber distribuido una nota sobre el libro que una boliviana pretende publicar y que contradice la versión oficial de la demanda marítima. En su observación, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, también criticó a Página Siete por haber reproducido esa información. En su  argumentación, dijo que los medios deben estar en consonancia con el "sentimiento del pueblo boliviano” de volver al mar, por lo que, a su juicio, nadie debería  dar espacio a opiniones diferentes de la oficial. Ello sería, dijo, muestra de "traición a la patria”.

Exactamente 48 horas después de pedir "consonancia” con el tema marítimo, y de anunciar que cualquiera que se desvíe de esa línea comete "traición a la patria”, el gobierno inició una campaña de desprestigio nada menos que contra el portavoz oficial de la causa marítima. Esa campaña ha provenido tanto de altas autoridades, como del Vicepresidente y  dirigentes menores  a raíz de un comentario favorable que realizó el expresidente sobre algunas medidas del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, campaña que obviamente afecta a la imagen internacional del vocero de la causa marítima.

Entonces, ¿en qué quedó la necesidad de la "unidad” en torno al tema marítimo?  ¿No era que todos deben estar en sintonía con la demanda? Y si eso es cierto, ¿cómo el gobierno se lanza nada menos que contra el portavoz, la persona que le ha dado a la demanda una dimensión internacional y que los bolivianos atribuyen, según las encuestas, como uno de los gestores  del favorable fallo de La Haya?

Demostrando que no es verdad nada de lo que se ha dicho,  el Vicepresidente llegó a amenazar con cárcel a los expresidentes que autorizaron el uso de gastos reservados, incluidos Carlos Mesa y al agente ante La Haya, Eduardo Rodríguez, otra pieza clave de la estrategia boliviana.

¿Se imagina el lector la vergüenza internacional que sería el solo hecho de iniciar un proceso contra Mesa y Rodríguez, a meses del inicio de la fase de alegatos escritos del juicio? 

Esa sí sería una verdadera "traición a la patria”, afectar la credibilidad de quienes representan internacionalmente al país en un tema tan delicado, transcendente y decisivo como el marítimo. En Chile deben estar batiendo palmas tras las declaraciones de García Linera y los dirigentes que le hacen coro.

Obviamente,  cualquier persona, esté  o no en un puesto gubernamental clave, debe rendir cuentas de sus actos. Los gastos reservados si generaron mala administración y abuso en su utilización,  deben ser susceptibles de ser investigados. ¿Pero, por qué ahora, en esta coyuntura? En varias ocasiones este asunto ha salido a relucir, siempre con la intención de amedrentar e intimidar a los exmandatarios. Para demostrar su uso político, en 2011, el gobierno también mencionó el hecho, pero en ese momento dijo que estarían exentos Mesa y Rodríguez. 

Habrá que agregar, sobre este punto, que los gastos reservados, con todo lo negativo  que fueron, estaban previstos por ley . Y, en todo caso, se puede comparar la discrecionalidad y las presuntas irregularidades cometidas por las diferentes gestiones del pasado  con las  que rodean a la escandalosa utilización de  los recursos del Fondo Indígena  en la presente gestión (según denunció el Conamaq).

La clave de este asunto está, como se ha dicho, en que  Mesa es considerado, según las encuestas, como  uno de los autores del favorable fallo de La Haya, lo que ha hecho crecer la popularidad del exmandatario. Y ello ha generado incomodidad en el gobierno. No se explican de otra manera los ataques, pese a que Mesa había dejado en claro desde un principio que su apoyo a la causa marítima no le impedía ejercer su independencia en su análisis de la realidad nacional.

Con sus ataques, el gobierno es el primero en resquebrajar  la "unidad nacional” en torno a la demanda  marítima y sus gestores.

Carlos Mesa vocero de Bolivia para el tema del MAR, puntualiza una vez más, que fue Chile que rompió relaciones diplomáticas y que Bolivia no ha variado un ápice al reclamar una "salida soberana al Pacífico" condición para sentarse a la mesa, que tiene dos agregados aguas del Lauca y aguas del Silala, integradas hoy a la reclamación global según Choquehuanca.

En 1978 Bolivia rompió relaciones con Chile por una sola razón, el incumplimiento por parte de Santiago de su promesa de otorgarle al país un acceso soberano al mar. (El 26 de noviembre de 1976 Chile bloqueó la negociación al negarse a considerar la contrapropuesta peruana al documento boliviano-chileno).

Desde 1978 a hoy los dos países hemos mantenido, con sus altos y bajos, una vinculación consular y un nivel de diálogo razonable sobre muchos temas de interés común. A nadie se le escapa que nuestros intereses comunes son muy importantes y que buena parte del comercio exterior de Bolivia pasa por territorio chileno, lo que exige una relación permanente. En consecuencia, no son cuestiones operativas ni la rutina del intercambio binacional ni la evidencia concluyente de nuestra vecindad, las que definen en este caso específico la lógica del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

La decisión tomada por el presidente Banzer en su momento respondía a una causa nacional y a una afirmación explícita ante la comunidad internacional. No tenemos relaciones porque hay temas pendientes entre ambos países. Mientras esos temas no sean abordados con la voluntad de resolverlos no se restablecerán los lazos diplomáticos.

En 2015 el presidente Morales expresó en más de una oportunidad su deseo de iniciar una negociación bilateral con Chile que busque una solución a nuestro enclaustramiento forzado, e impulsó la idea de que esa negociación tenga como piedra fundamental la reanudación de relaciones diplomáticas. Todo esto en el contexto de la vigencia de la demanda presentada por Bolivia ante la CIJ y el desarrollo del juicio hasta conocer un fallo definitivo. En el mismo periodo, el Gobierno de Chile ha insistido, más allá de los matices, en una posición. El canciller Heraldo Muñoz propuso restablecer relaciones pero expresó que hacerlo no implicaba una negociación para darle un acceso soberano al mar a Bolivia. En los primeros días de 2016 inopinadamente el embajador especial Gabriel Gaspar llegó a Bolivia para afirmar que quien rompió el diálogo entre los dos países fue Bolivia, e insistir en la ya manida frase de ofrecer “relaciones diplomáticas aquí y ahora”, con el añadido de las palabras “sin condiciones”. A las pocas horas, tanto el ministro Muñoz como el agente José Miguel Insulza minimizaron la visita de Gaspar. Curiosa visita sobre asuntos consulares en la que oficiosamente se ratifica la oferta chilena de reanudación de relaciones diplomáticas. La citada oferta, qué duda cabe, expresa la posición de La Moneda. ¿Cómo entenderla? Desde la óptica chilena, que Bolivia no condicione las relaciones a la solución de su enclaustramiento. Desde la boliviana, que Chile no condicione la reanudación de relaciones a no negociar nuestra soberanía.

El documento presentado por el canciller David Choquehuanca el 6 de enero define con claridad y sin equívocos la posición boliviana que debería cerrar un ir y venir de propuestas, que no hacen sino distraer y confundir a la comunidad internacional. Choquehuanca precisa que quien rompió el diálogo fue Chile y recuerda el último esfuerzo boliviano de activar la mesa de negociación en el acápite seis (el mar) de la Agenda de los 13 puntos acordada por los presidentes Morales y Bachelet. Entonces, el pedido boliviano se estrelló con la negativa del Gobierno de Sebastián Piñera. Corría 2010.

Pero lo esencial es que una eventual reanudación de relaciones debe tener como único objetivo resolver definitivamente las grandes cuestiones pendientes. La idea genérica y abstracta de un diálogo como objetivo no tiene sentido, porque Chile sabe perfectamente cuál es el nudo gordiano a resolver. El diálogo y la negociación son un medio, no un fin en sí mismo. Choquehuanca apunta que además del mar hay dos cuestiones de singular importancia: el desvío unilateral e inconsulto de las aguas del río Lauca que motivó la ruptura de relaciones en 1962, y el uso arbitrario de las aguas manantiales del Silala durante varias décadas.

Así, el debate genérico sobre quién tiene o no tiene voluntad de diálogo carece de sentido. No estamos a la caza de acciones simbólicas para la platea internacional, queremos la voluntad política y la buena fe indispensables para conseguir el objetivo de resolver esos problemas pendientes. Entendida de ese modo, la decisión de reanudar relaciones para dialogar no puede sino incorporar como elementos imprescindibles los tres asuntos citados y explicados por Choquehuanca.

En 2000 los ministros de RREE de ambos países, Javier Murillo y Juan Gabriel Valdez, habían acordado una agenda sin exclusiones, concepto mucho más adecuado para iniciar un camino constructivo entre ambos países que el de relaciones “sin condiciones”. Ese espíritu seguido en 2006 fue quebrado por Chile de modo radical a partir de 2010.

Si estas premisas para un diálogo bilateral no son comprendidas por Santiago, parece inevitable esperar el fallo de la Corte Internacional que será el producto de la evaluación de los méritos de los dos países litigantes.