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domingo, 25 de diciembre de 2016

Carlos Mesa se refiere a dos autores Agramont y Perez quienes han producido un libro "UN PAIS PRIVADO DE LITORAL" sobre cuestiones medulares, los costos de la mediterraneidad, la depenfe del Pacífico, la realidad diaria y el régimen de libre tránsito asociados a las élites chilenas.

Mediterraneidad, una mirada científica

La aproximación sistemática y consistente en el ámbito de las ciencias sociales que hacen Agramont y Peres refuerza el aserto de que, en el contexto de la realidad existente en Chile y de sus intereses políticos, económicos y empresariales, es más que evidente que es imposible proyectar un futuro razonable para aplicar el libre tránsito a plenitud
Con el título Bolivia: Un País Privado de Litoral, Daniel Agramont Lechín y José Peres Cajías presentan un libro esclarecedor sobre uno de los aspectos cruciales de nuestra demanda marítima, pues responden con meridiana claridad a la pregunta reiterada hasta el cansancio por Chile y también por importantes sectores de la comunidad internacional: ¿Por qué quiere Bolivia un acceso soberano al mar?

El trabajo contempla cuatro cuestiones medulares: los costos económicos de la mediterraneidad, la dependencia boliviana del Océano Pacífico, la realidad diaria de la mediterraneidad y el régimen de libre tránsito asociado a las élites económicas chilenas.

La primera conclusión, ya establecida en  El Libro Azul y El Libro del Mar, pero respaldada por nuevos datos es que todos los estudios serios apuntan a que el enclaustramiento representa para los países sin litoral una pérdida de entre 1,2 por ciento y 1,5 por ciento de crecimiento del PIB. Pero algo más, genera un efecto negativo directo sobre el desarrollo y sobre la integración con un impacto de un 20 por ciento en el desarrollo global en comparación a los países con litoral. Definitivamente, en este ámbito, los costos de transporte son los más determinantes en los efectos negativos que sufren 36 países mediterráneos en el mundo, 31 de ellos de ingresos medios o bajos, con el añadido de que Bolivia es el único de todos ellos que nació a la vida independiente con acceso soberano al mar.

Los autores subrayan una evidencia crucial. A pesar de los esfuerzos por volcar parte de nuestro comercio internacional al Atlántico, históricamente la vocación del país es la de la Cuenca del Pacífico desde que en el siglo XVI nos integramos a la economía mundial bajo el dominio del imperio español, en particular con las exportaciones de la plata potosina. Hasta el boom gasífero, nuestras exportaciones se han movido dominantemente por el Pacífico, llegando en algún momento de la historia a representar el 85 por ciento del total.

En 2015, el 98 por ciento de las exportaciones agrícolas, el 100 por ciento de los hidrocarburos (excepto obviamente las bilaterales a Brasil y Argentina), el 99 por ciento de la minería y el 78 por ciento de las manufacturas, pasó por Chile. En cuanto a nuestras importaciones, el 83 por ciento del total pasó por Chile.

En el vía crucis cotidiano del uso que hacemos del “libre tránsito”, el libro revela un dato estremecedor, Chile representa el 46 por ciento del total de días de huelgas portuarias  de entre 12 países latinoamericanos sumados. A esto hay que añadir el mal estado del tramo chileno de la carretera Arica-Bolivia, la inutilidad del ferrocarril Arica-La Paz que no funciona y que para hacerlo adecuadamente requiere de un completo rediseño, la deficiente infraestructura de los puertos de Arica y Antofagasta y el perjuicio adicional de la privatización de los puertos y la obligación (ilegal) de Bolivia de tener que negociar con autoridades privadas de los mismos. Añadamos, para tener el cuadro completo, la burocracia desmesurada y los costos y tiempos que demoran el tránsito de nuestros productos.

Pero quizás el capítulo más interesante de este notable trabajo es el último. Se trata de poner en evidencia la importante incidencia en la economía chilena de élites económicas muy poderosas. Baste citar que sólo las ocho principales fortunas individuales de ese país (entre las que está la del expresidente Piñera) suman 25.000 millones de dólares (el 10 por ciento de su PIB nacional). Tres grupos de poder controlan la actividad portuaria chilena: el Grupo Luksic (familia descendiente de Eduardo Abaroa, que era propietaria de la red Andina hasta hace poco) con participación en operaciones portuarias en Arica, Iquique y Antofagasta; el Grupo Urenda vinculado a las terminales portuarias de Arica, Iquique y Antofagasta, y el Grupo Von Appen operador privado en Arica, Iquique y Antofasta. No es ocioso recordar que los tres puertos mencionados dependen de modo determinante del comercio con Bolivia y que el actual estado de cosas es el mejor escenario para estos holdings empresariales.

La aproximación sistemática y consistente en el ámbito de las ciencias sociales que hacen Agramont y Peres refuerza el aserto de que, en el contexto de la realidad existente en Chile y de sus intereses políticos, económicos y empresariales, es más que evidente que es imposible proyectar un futuro razonable para aplicar el libre tránsito a plenitud y que, aún en la más que improbable posibilidad de que se consiguiera, es la mediterraneidad la que define estructuralmente costos que sólo pueden resolverse a través de un acceso soberano al Océano Pacífico. 

El autor fue presidente de la República.

jueves, 1 de diciembre de 2016

pobre Eduardo Rodríguez si bien reside en La Haya donde además de Embajador es el más alto representante en el tema de EL MAR, tiene que volar donde lo llamen, el Procurador Arce lo cita en Milán, el Vice Garc+ia en Nueva York. no sería mejor que los funcionarios se trasladasen a La Haya para tratar con Rodríguez<+

El próximo 21 de marzo, el país deberá presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una réplica a la respuesta chilena en el proceso incoado para que se obligue al país vecino a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico. Dirige la elaboración del documento el expresidente Eduardo Rodríguez.

Dada la importancia del tema, ha sido acertada la decisión de nuestras más importantes autoridades de interrumpir su tarea de buscar a tiempo completo la manera de violar la Constitución Política del Estado y el referendo constitucional de 21 de febrero de 2016 para viabilizar una cuarta postulación de los primeros mandatarios, y dedicar un espacio de su agenda a conocer cómo se está desarrollando ese trabajo. Pero, lo han hecho de una manera complicada.

Primero, el Canciller y el Procurador del Estado se han trasladado a Milán, Italia, donde han convocado al exmandatario, que tiene su sede en el Reino de los Países Bajos (donde también cumple las funciones de embajador). Luego, el turno de ser informado le tocó al Vicepresidente del Estado, quien convocó a Rodríguez a Nueva York para el efecto, con un agregado: analizar el estado de las relaciones con Holanda. Para más complicación, el Vicepresidente se ausentó del país al mismo tiempo que lo hizo el Primer Mandatario, por lo que la Presidencia del Estado quedó en manos del presidente de la Cámara de Senadores, en un tiempo de emergencia nacional por la sequía.

¿No será posible que los dignatarios se organicen mejor? Por ejemplo, convocar al delegado al país (se requeriría un sólo pasaje) para que preste el informe requerido en vez de que los tres dignatarios mencionados viajen a La Haya. Con organización su labor administrativa sería más eficiente y barata…