Los expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Vletzé,usaron sus cuentas en redes sociales para escribir mensajes en este Día del Mar. Ambos optaron por la cautela antes que el optimismo, ratificando la solidez de la causa nacional.
"Los mares: patrimonio común de la humanidad, la solución pacífica de conflictos el gran desafío", comentó en Twitter el agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, cargo que desempeña desde 2013.
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El vocero, sostuvo que "en el día del mar, nuestro compromiso renovado. Mientras Bolivia exista no cejaremos hasta contar con un acceso soberano en el Pacífico". No estuvo presente en los actos oficiales en plaza Abaroa en La Paz.
Ambos exmandatarios ahondan en conceptos como la búsqueda de una solución pacífica al diferendo con Chile y el compromiso que debe existir ante la causa que une a todos los bolivianos. Hoy el país hizo un nuevo llamado al diálogo.
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Veltzé participó hasta hace algunos días en intensas reuniones jurídicas para definir las estrategias de Bolivia frente a la contramemoria que Chile presentará, mientras que Mesa estuvo en el centro de la polémica por las críticas del Gobierno a algunas posturas políticas.
expone el pensamiento más actualizado del más que centenario problema de ser un país enclaustrado por el asalto de su territorio en una guerra no declarada por Chile. representa el vital reclamo por una salida al MAR
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miércoles, 23 de marzo de 2016
viernes, 19 de febrero de 2016
Lucho de la Reza reclama por la presencia de Carlos Mesa en la reunión de juristas de La Haya sobre el tema marítimo, lo excluyó Evo, aunque De La Reza la consideró "innecesaria, prematura, de carácter conjetural e imaginativo sobre lo que Chile dirá cuando presente su contraalegato". el editor diría "qué manera de malgastar dinero y tiempo" aunque se puede anadir que ha sido por propaganda masista antes del 21F, lo que no dice el internacionalista.
Disputando lugar en los órganos de prensa a las novedades relativas a la candorosa ingenuidad de dirigentes campesinos y autoridades del Fondioc, así como del “atentado periodístico” perpetrado contra una alta ejecutiva de Camce, aparece una nota haciendo conocer la decisión del Gobierno de Evo Morales para no incluir a Carlos Mesa en las reuniones del equipo jurídico nacional e internacional que lleva adelante el litigio promovido por Bolivia contra Chile ante la CIJ de La Haya.
Como es habitual, cada declaración gubernamental de importancia es inmediatamente seguida de una explicación o justificación de la misma, que resulta de máxima urgencia en el presente caso, por cuanto se trata de la sorpresiva exclusión a participar en las sesiones, del personaje más conocido y respetado en el ámbito de nuestro diferendo con La Moneda.
La razón oficialmente presentada, es que “la reunión con los asesores tiene carácter exclusivamente jurídico y técnico, lo que elimina la necesidad de contar con la presencia de Mesa en el análisis y discusión de temas extraños a su conocimiento y experiencia”.
¡¡¡El bocado resulta muy difícil de tragar!!! Evidentemente Carlos Mesa no es abogado y es igualmente cierto que la misión que le fue encomendada se circunscribía al terreno mediático, diplomático e histórico de nuestra querella con Chile, habiéndose desempeñado en esos campos con la solidez, claridad, orden y elegancia que ni el más desaforado de sus detractores (que actualmente son varios) osaría poner en duda.
Pero además, Mesa demostró ante un canal de televisión de Santiago, una completa y cabal visión del conjunto jurídico sustantivo y procesal del fundamento doctrinal y analítico de la resolución con que la Corte rechazó la excepción de “falta de competencia” opuesta por Chile, demostrando con ello que habría estado muy lejos de ser “un convidado de piedra” en el cónclave exclusivamente abogadil a realizarse estos días en La Paz.
Una vez más, celos mezquinos y rencores personales, pueden empañar el brillo que hasta ahora ha acompañado a la campaña boliviana, siendo difícil calcular el beneficio que nuestro adversario del Mapocho logre obtener de este intento de desaire, que por supuesto dudamos mucho pueda alcanzar a Mesa.
Para justificar el encabezamiento de este artículo, corresponde destacar que la “reunión de juristas” –a la que no fue convocado Carlos Mesa– resulta prematura y por consiguiente innecesaria, ya que su objeto, según dice la prensa, “es concentrarse en la contramemoria que debe presentar Chile hasta el 26 de julio de este año”. Como aún nos hallamos lejos de esa fecha y por supuesto Chile no ha entregado todavía el documento que “nuestros juristas” se preparan a analizar y discutir, la reunión no podrá tener sino carácter conjetural e imaginativo sobre lo que Chile podrá decir como respuesta de fondo a la memoria de Bolivia. El agente de Bolivia ante la Corte de La Haya expresó este mismo pensamiento, cuando anunció que nuestro país tiene que esperar la presentación de la contramemoria chilena ante la Corte Internacional de Justicia, antes de tomar ninguna acción en el proceso.
Un último aspecto al que juzgamos necesario referirnos, es que en el grupo de “juristas” nacionales reunidos en La Paz, figuran muy importantes personajes políticos, entre los que varios no son abogados… Dejamos a la acuciosidad del lector la labor de identificación personal de estos destacados ciudadanos.
El autor es abogado.
sábado, 13 de febrero de 2016
con vigor Los Tiempos se ocupa de la actitud del Jefe del Estado que "deja fuera al vocero de la causa marítima Carlos Mesa" cuando dos abogados contratados por el Estado llegan a Bolivia. "se trata de un desaire que Mesa responde con nobleza" se minimiza su aporte, es represalia por el desacuerdo con Evo en torno a la CPE, Evo utiliza el mar para sus fines, posición errada que favorece a Chile, puede provocar frustración.
La magnitud que tiene el proceso ante La Haya obliga a que el Presidente del Estado reponga su acertada decisión de no mezclar mar con política interna, y reincluya, como corresponde, al vocero oficial en el equipo
La correcta decisión presidencial de no mezclar el tema de la estrategia marítima del Gobierno, cuyo instrumento fundamental es la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Chile, con la política sectaria doméstica y que ha generado un contundente apoyo de la ciudadanía, ha sufrido un peligroso traspié.
Se trata del desaire que han dado el Presidente del Estado y el Ministro de Relaciones Exteriores (que constitucionalmente dirigen la política exterior del país) al vocero oficial de la comisión responsable de llevar adelante el proceso ante La Haya, el expresidente Carlos Mesa --y que en tal papel cumplió una de las actividades que dio mucho rédito político y mediático, tanto interna como internacionalmente, a la estrategia nacional--, al excluirlo de la reunión de los miembros (nacionales y extranjeros) de la comisión que se realizó en Santa Cruz y minimizar su aporte.
Como es posible inferir, esa actitud sería una especie de represalia por la declaración que hizo el exmandatario expresando su desacuerdo con la propuesta de modificar la Constitución Política del Estado para permitir un nueva reelección continua de los actuales mandatarios y, secundariamente, sostener que hubo decisiones políticas adoptadas antes del arribo al poder del actual mandatario que viabilizaron el proceso que éste dirige desde 2006. Es decir, y más allá de las explicaciones oficiales, el Primer Mandatario ha caído lamentablemente en la tentación de utilizar la estrategia marítima en función de sus intereses político-sectarios, actitud que, hay que señalar, muchos de sus colaboradores le sugerían desde hace algún tiempo.
Se trata sin duda de una posición errada. De hecho, una noticia de esta naturaleza será muy bien recibida por las autoridades que dirigen la política internacional chilena, que no salen de su asombro por el respaldo que ha tenido la estrategia marítima por parte de la población y, especialmente, de los diferentes líderes políticos que, con muy pocas excepciones (coincidentemente, registradas en tiempos de campaña electoral), decidieron apoyar al Gobierno en este específico punto, consenso que no se produjo en la larga historia de negociaciones entre ambos países. Es más, ese casi unánime apoyo es un factor que ha legitimado nuestra demanda.
Adicionalmente, las autoridades de gobierno deberían percibir que mantenerse en un error como el cometido en el sensible tema de nuestra política marítima puede provocar profundos sentimientos de frustración en la gente que, como sucedió en el pasado, abonan a un paulatino proceso de deslegitimación.
Por eso, la magnitud que tiene el proceso ante La Haya obliga, por un lado, a que el Presidente del Estado –evidentemente agobiado por una serie de denuncias que no han recibido una adecuada explicación por parte del oficialismo—reponga su acertada decisión de no mezclar mar con política interna y reincluya, como corresponde, al vocero oficial en la Comisión, y, por el otro, si eso ocurriere, que éste, en la medida en que el proceso en La Haya trasciende los meandros de la política interna, siga aportando como lo ha hecho hasta ahora. Aún hay tiempo para ello.
martes, 19 de enero de 2016
armado de paciencia y reciedumbre, Carlos Mesa en menos de una semana por la tercera vez sale a la palestra para aclarle a Evo que no es manipulado por nadie, que siempre ha sido libre de expresar sus ideas. en tono conciliador le dice al Presidente que las diferencias de opinión deben debatirse. retirará Evo lo dicho o se ratificará?
El expresidente y vocero de la causa marítima Carlos Mesa publicó un mensaje en su blog en el que rechazó las opiniones del jefe de Estado, Evo Morales, quien lo sindicó de ser "dirigido" por el exministro Carlos Sánchez Berzaín desde EEUU.
"El presidente Evo Morales ha hecho una referencia personal sobre mí que no paso por alto. Dice que no puede entender que yo esté dirigido por un exministro desde el exterior. Tengo el mayor respeto por el Presidente y por su investidura, y es precisamente por ese respeto que me veo obligado a dejar este tema en claro", afirma el mensaje de Mesa.
El exmandatario agrega: "No estoy en la actividad político partidaria, no soy parte de la oposición organizada, pero sí soy un ciudadano con pensamiento propio. No necesito la dirección, ni el impulso de nadie para asumir mis ideas y defender mis convicciones, como lo he hecho durante toda mi vida".
Ayer por la noche, en el programa de TV UNO Decide, el presidente Morales dijo: "No puedo creer que un expresidente, un exvicepresidente, un hombre inteligente, esté con Sánchez Berzaín, eso me preocupa, cómo hombres inteligentes pueden estar dirigidos por Sánchez Berzaín desde EEUU, no lo puedo entender".
En las últimas semanas se han producido diversos ataques contra Mesa vertidos por distintas autoridades. Se pronunciaron de manera crítica el Presidente, el Vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro del Trabajo, Gonzalo Trigoso y otros. Trigoso incluso dijo que Mesa podía enfrentar un Juicio de Responsabilidades por un evento de represión contra jubilados cuando era Presidente interino en 2002. El Ministerio de Gobierno desautorizó a Trigoso por ese anuncio.
La declaración de Morales llamó la atención aún más si se considera que Mesa y Sánchez Berzaín tienen una relación muy tirante, de acusaciones mutuas, muchas de ellas públicas. Sánchez Berzaín ha calificado a Mesa como un "vendido" al gobierno del MAS.
En su mensaje, el exmandatario concluye señalando que confía "en que en un espíritu plural sea posible que las diferencias legítimas sobre nuestro presente y nuestro futuro se debatan en un ámbito respetuoso, en el que la única fuerza utilizada sea la de las ideas y los argumentos".
viernes, 15 de enero de 2016
Evo juega con fuego. no le cuadra que Mesa apoye la causa del MAR y no apoye al MAS. no atina a desprestigiar al ex.presidente y las críticas crecen cada dia, al punto que podría "renunciarlo a la vocería internacional" lo que sería asestar un golpe de gracia a la causa marítima que todos los bolivianos enarbolamos al margen de los Gobiernos de turno.
El gobierno ha caído en una contradicción: primero, como lo mencionamos en un editorial anterior, criticó a la agencia ANF por haber distribuido una nota sobre el libro que una boliviana pretende publicar y que contradice la versión oficial de la demanda marítima. En su observación, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, también criticó a Página Siete por haber reproducido esa información. En su argumentación, dijo que los medios deben estar en consonancia con el "sentimiento del pueblo boliviano” de volver al mar, por lo que, a su juicio, nadie debería dar espacio a opiniones diferentes de la oficial. Ello sería, dijo, muestra de "traición a la patria”.
Exactamente 48 horas después de pedir "consonancia” con el tema marítimo, y de anunciar que cualquiera que se desvíe de esa línea comete "traición a la patria”, el gobierno inició una campaña de desprestigio nada menos que contra el portavoz oficial de la causa marítima. Esa campaña ha provenido tanto de altas autoridades, como del Vicepresidente y dirigentes menores a raíz de un comentario favorable que realizó el expresidente sobre algunas medidas del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, campaña que obviamente afecta a la imagen internacional del vocero de la causa marítima.
Entonces, ¿en qué quedó la necesidad de la "unidad” en torno al tema marítimo? ¿No era que todos deben estar en sintonía con la demanda? Y si eso es cierto, ¿cómo el gobierno se lanza nada menos que contra el portavoz, la persona que le ha dado a la demanda una dimensión internacional y que los bolivianos atribuyen, según las encuestas, como uno de los gestores del favorable fallo de La Haya?
Demostrando que no es verdad nada de lo que se ha dicho, el Vicepresidente llegó a amenazar con cárcel a los expresidentes que autorizaron el uso de gastos reservados, incluidos Carlos Mesa y al agente ante La Haya, Eduardo Rodríguez, otra pieza clave de la estrategia boliviana.
¿Se imagina el lector la vergüenza internacional que sería el solo hecho de iniciar un proceso contra Mesa y Rodríguez, a meses del inicio de la fase de alegatos escritos del juicio?
Esa sí sería una verdadera "traición a la patria”, afectar la credibilidad de quienes representan internacionalmente al país en un tema tan delicado, transcendente y decisivo como el marítimo. En Chile deben estar batiendo palmas tras las declaraciones de García Linera y los dirigentes que le hacen coro.
Obviamente, cualquier persona, esté o no en un puesto gubernamental clave, debe rendir cuentas de sus actos. Los gastos reservados si generaron mala administración y abuso en su utilización, deben ser susceptibles de ser investigados. ¿Pero, por qué ahora, en esta coyuntura? En varias ocasiones este asunto ha salido a relucir, siempre con la intención de amedrentar e intimidar a los exmandatarios. Para demostrar su uso político, en 2011, el gobierno también mencionó el hecho, pero en ese momento dijo que estarían exentos Mesa y Rodríguez.
Habrá que agregar, sobre este punto, que los gastos reservados, con todo lo negativo que fueron, estaban previstos por ley . Y, en todo caso, se puede comparar la discrecionalidad y las presuntas irregularidades cometidas por las diferentes gestiones del pasado con las que rodean a la escandalosa utilización de los recursos del Fondo Indígena en la presente gestión (según denunció el Conamaq).
La clave de este asunto está, como se ha dicho, en que Mesa es considerado, según las encuestas, como uno de los autores del favorable fallo de La Haya, lo que ha hecho crecer la popularidad del exmandatario. Y ello ha generado incomodidad en el gobierno. No se explican de otra manera los ataques, pese a que Mesa había dejado en claro desde un principio que su apoyo a la causa marítima no le impedía ejercer su independencia en su análisis de la realidad nacional.
Con sus ataques, el gobierno es el primero en resquebrajar la "unidad nacional” en torno a la demanda marítima y sus gestores.
Exactamente 48 horas después de pedir "consonancia” con el tema marítimo, y de anunciar que cualquiera que se desvíe de esa línea comete "traición a la patria”, el gobierno inició una campaña de desprestigio nada menos que contra el portavoz oficial de la causa marítima. Esa campaña ha provenido tanto de altas autoridades, como del Vicepresidente y dirigentes menores a raíz de un comentario favorable que realizó el expresidente sobre algunas medidas del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, campaña que obviamente afecta a la imagen internacional del vocero de la causa marítima.
Entonces, ¿en qué quedó la necesidad de la "unidad” en torno al tema marítimo? ¿No era que todos deben estar en sintonía con la demanda? Y si eso es cierto, ¿cómo el gobierno se lanza nada menos que contra el portavoz, la persona que le ha dado a la demanda una dimensión internacional y que los bolivianos atribuyen, según las encuestas, como uno de los gestores del favorable fallo de La Haya?
Demostrando que no es verdad nada de lo que se ha dicho, el Vicepresidente llegó a amenazar con cárcel a los expresidentes que autorizaron el uso de gastos reservados, incluidos Carlos Mesa y al agente ante La Haya, Eduardo Rodríguez, otra pieza clave de la estrategia boliviana.
¿Se imagina el lector la vergüenza internacional que sería el solo hecho de iniciar un proceso contra Mesa y Rodríguez, a meses del inicio de la fase de alegatos escritos del juicio?
Esa sí sería una verdadera "traición a la patria”, afectar la credibilidad de quienes representan internacionalmente al país en un tema tan delicado, transcendente y decisivo como el marítimo. En Chile deben estar batiendo palmas tras las declaraciones de García Linera y los dirigentes que le hacen coro.
Obviamente, cualquier persona, esté o no en un puesto gubernamental clave, debe rendir cuentas de sus actos. Los gastos reservados si generaron mala administración y abuso en su utilización, deben ser susceptibles de ser investigados. ¿Pero, por qué ahora, en esta coyuntura? En varias ocasiones este asunto ha salido a relucir, siempre con la intención de amedrentar e intimidar a los exmandatarios. Para demostrar su uso político, en 2011, el gobierno también mencionó el hecho, pero en ese momento dijo que estarían exentos Mesa y Rodríguez.
Habrá que agregar, sobre este punto, que los gastos reservados, con todo lo negativo que fueron, estaban previstos por ley . Y, en todo caso, se puede comparar la discrecionalidad y las presuntas irregularidades cometidas por las diferentes gestiones del pasado con las que rodean a la escandalosa utilización de los recursos del Fondo Indígena en la presente gestión (según denunció el Conamaq).
La clave de este asunto está, como se ha dicho, en que Mesa es considerado, según las encuestas, como uno de los autores del favorable fallo de La Haya, lo que ha hecho crecer la popularidad del exmandatario. Y ello ha generado incomodidad en el gobierno. No se explican de otra manera los ataques, pese a que Mesa había dejado en claro desde un principio que su apoyo a la causa marítima no le impedía ejercer su independencia en su análisis de la realidad nacional.
Con sus ataques, el gobierno es el primero en resquebrajar la "unidad nacional” en torno a la demanda marítima y sus gestores.
domingo, 10 de enero de 2016
Carlos Mesa vocero de Bolivia para el tema del MAR, puntualiza una vez más, que fue Chile que rompió relaciones diplomáticas y que Bolivia no ha variado un ápice al reclamar una "salida soberana al Pacífico" condición para sentarse a la mesa, que tiene dos agregados aguas del Lauca y aguas del Silala, integradas hoy a la reclamación global según Choquehuanca.
En 1978 Bolivia rompió relaciones con Chile por una sola razón, el incumplimiento por parte de Santiago de su promesa de otorgarle al país un acceso soberano al mar. (El 26 de noviembre de 1976 Chile bloqueó la negociación al negarse a considerar la contrapropuesta peruana al documento boliviano-chileno).
Desde 1978 a hoy los dos países hemos mantenido, con sus altos y bajos, una vinculación consular y un nivel de diálogo razonable sobre muchos temas de interés común. A nadie se le escapa que nuestros intereses comunes son muy importantes y que buena parte del comercio exterior de Bolivia pasa por territorio chileno, lo que exige una relación permanente. En consecuencia, no son cuestiones operativas ni la rutina del intercambio binacional ni la evidencia concluyente de nuestra vecindad, las que definen en este caso específico la lógica del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La decisión tomada por el presidente Banzer en su momento respondía a una causa nacional y a una afirmación explícita ante la comunidad internacional. No tenemos relaciones porque hay temas pendientes entre ambos países. Mientras esos temas no sean abordados con la voluntad de resolverlos no se restablecerán los lazos diplomáticos.
En 2015 el presidente Morales expresó en más de una oportunidad su deseo de iniciar una negociación bilateral con Chile que busque una solución a nuestro enclaustramiento forzado, e impulsó la idea de que esa negociación tenga como piedra fundamental la reanudación de relaciones diplomáticas. Todo esto en el contexto de la vigencia de la demanda presentada por Bolivia ante la CIJ y el desarrollo del juicio hasta conocer un fallo definitivo. En el mismo periodo, el Gobierno de Chile ha insistido, más allá de los matices, en una posición. El canciller Heraldo Muñoz propuso restablecer relaciones pero expresó que hacerlo no implicaba una negociación para darle un acceso soberano al mar a Bolivia. En los primeros días de 2016 inopinadamente el embajador especial Gabriel Gaspar llegó a Bolivia para afirmar que quien rompió el diálogo entre los dos países fue Bolivia, e insistir en la ya manida frase de ofrecer “relaciones diplomáticas aquí y ahora”, con el añadido de las palabras “sin condiciones”. A las pocas horas, tanto el ministro Muñoz como el agente José Miguel Insulza minimizaron la visita de Gaspar. Curiosa visita sobre asuntos consulares en la que oficiosamente se ratifica la oferta chilena de reanudación de relaciones diplomáticas. La citada oferta, qué duda cabe, expresa la posición de La Moneda. ¿Cómo entenderla? Desde la óptica chilena, que Bolivia no condicione las relaciones a la solución de su enclaustramiento. Desde la boliviana, que Chile no condicione la reanudación de relaciones a no negociar nuestra soberanía.
El documento presentado por el canciller David Choquehuanca el 6 de enero define con claridad y sin equívocos la posición boliviana que debería cerrar un ir y venir de propuestas, que no hacen sino distraer y confundir a la comunidad internacional. Choquehuanca precisa que quien rompió el diálogo fue Chile y recuerda el último esfuerzo boliviano de activar la mesa de negociación en el acápite seis (el mar) de la Agenda de los 13 puntos acordada por los presidentes Morales y Bachelet. Entonces, el pedido boliviano se estrelló con la negativa del Gobierno de Sebastián Piñera. Corría 2010.
Pero lo esencial es que una eventual reanudación de relaciones debe tener como único objetivo resolver definitivamente las grandes cuestiones pendientes. La idea genérica y abstracta de un diálogo como objetivo no tiene sentido, porque Chile sabe perfectamente cuál es el nudo gordiano a resolver. El diálogo y la negociación son un medio, no un fin en sí mismo. Choquehuanca apunta que además del mar hay dos cuestiones de singular importancia: el desvío unilateral e inconsulto de las aguas del río Lauca que motivó la ruptura de relaciones en 1962, y el uso arbitrario de las aguas manantiales del Silala durante varias décadas.
Así, el debate genérico sobre quién tiene o no tiene voluntad de diálogo carece de sentido. No estamos a la caza de acciones simbólicas para la platea internacional, queremos la voluntad política y la buena fe indispensables para conseguir el objetivo de resolver esos problemas pendientes. Entendida de ese modo, la decisión de reanudar relaciones para dialogar no puede sino incorporar como elementos imprescindibles los tres asuntos citados y explicados por Choquehuanca.
En 2000 los ministros de RREE de ambos países, Javier Murillo y Juan Gabriel Valdez, habían acordado una agenda sin exclusiones, concepto mucho más adecuado para iniciar un camino constructivo entre ambos países que el de relaciones “sin condiciones”. Ese espíritu seguido en 2006 fue quebrado por Chile de modo radical a partir de 2010.
Si estas premisas para un diálogo bilateral no son comprendidas por Santiago, parece inevitable esperar el fallo de la Corte Internacional que será el producto de la evaluación de los méritos de los dos países litigantes.
lunes, 30 de noviembre de 2015
senadores chilenos alertan del peligro para la paz que podría significar la persistencia de Bolivia en salida soberana al Pacífico. Bolivia busca en la Corte de Justicia un fallo favorable a su demanda, "precedente negativo" que podría desencadenar una hecatombe referida al Tratado de 1904. en general la actitud de los senadores en su gira por europa no es de conciliación sino de parar la campa¨na boliviana.
Los senadores chilenos Ignacio Walker y Andrés Allamand iniciaron hoy en Berlín una ronda de encuentros internacionales,destinados a advertir del "precedente peligroso" a escala multilateral que supone la demanda de Bolivia ante la Corte de la Haya para lograr una salida soberana al Pacífico.
"Queremos trasladar a la comunidad internacional los peligros de un eventual, aunque improbable, fallo a favor de Bolivia", indicó a Efe Walker, del Partido Demócrata Cristiano y titular de Exteriores bajo el gobierno de Ricardo Lagos.
La intención de Bolivia es lograr de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una "decisión predeterminada", para que se imponga a Chile la "obligatoriedad de negociar", apuntó Allamand, del partido Renovación Nacional y ministro de Defensa con Sebastián Piñera.
Eso supondría un precedente "negativo" para lo que Walker califica de "corazón del derecho internacional", como es la integridad territorial marcada desde el Tratado de 1904.
Entre hoy y mañana, los dos senadores transmitirán su advertencia a diputados del Parlamento alemán (Bundestag) y representantes del Ministerio de Exteriores, a lo que seguirán otras reuniones en formato parecido en Londres.
"Bolivia es uno de los 45 Estados del mundo que no tiene acceso al océano. Desde su independencia en 1823 ha perdido 1,1 millones de kilómetros cuadrados de territorio, principalmente con Brasil y Paraguay. Menos del 10 por ciento lo ha perdido con Chile", argumentó Walker.
La pérdida del acceso al mar se remonta a 1879, tras una guerra que dejó a Bolivia sin 120.000 kilómetros cuadrados, a lo que siguió el Tratado de 1904, que fijó sus frontera actual con Chile.
Que La Haya, que el pasado septiembre se declaró competente en la materia, pueda resolver de acuerdo a la demanda de Bolivia y marcar la "obligatoriedad" de Chile a negociar una salida soberana al mar, implicaría "precarizar las fronteras", según Walker.
"Chile lleva 70 o 80 años negociando, de buena fe, siempre ha estado dispuesta a seguir haciéndolo", apuntó Allamand, quien recordó los pronunciamientos en este sentido desde tiempos del presidente Lagos o, hace unos meses, del canciller, Heraldo Múñoz.
Walker añadió que las sucesivas declaraciones de la canciller Angela Merkel y el presidente François Hollande, durante la gira europea del presidente Evo Morales, a favor de la reanudación del diálogo apuntala la posición chilena, no la boliviana.
Morales "sacó la frase (de Merkel) de contexto", al pretender que ésta había respaldado su posición, advirtió Walker, para quien la canciller se limitó a argumentar que ese era asunto a "conversar entre Bolivia y Chile".
El líder boliviano convertido su demanda en un "asunto nacional", que apoyan explícitamente sus antecesores en el cargo, por encima de los abismos ideológicos entre Morales y éstos.
De modo parecido, Walker y Allamand dicen representar al conjunto de la clase política y opinión pública chilena.
"Nuestra opinión es compartida por el 99 por ciento de los chilenos", consideró Allamand, mientras que Walker sentenciaba que, tras la demanda ante La Haya, Bolivia "nunca ha estado tan lejos de lograr su objetivo", ya que esta iniciativa ha logrado "cohesionar a la opinión pública chilena como nunca lo había estado antes".
Ambos senadores tratan de romper, por lo demás, la consideración de que Bolivia precisa imperiosamente, también en términos económicos, recuperar esa salida al mar.
"Bolivia no está enclaustrada. Tiene un sistema de libre tránsito de mercancías absoluto en virtud del Tratado de 1904, como no tiene ningún otro país sin salida al mar", opinó Allamand.
Allamand, como Walker, coincidieron finalmente en que el nuevo gerente de Chile ante la CIJ, el excanciller y exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, puede contribuir poderosamente a dar "un giro" a la situación.
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