La fase oral obligará a que las vocerías se reactiven luego de un arduo trabajo jurídico en la demanda marítima. Luego de que Chile entregue su dúplica — que tiene fecha límite el 21 de septiembre— Bolivia tendrá un nuevo plan mediático para enfrentar la última etapa del proceso. Y en este diseño ingresan los expresidentes como portavoces.
Carlos Mesa habló con Evo Morales en el último tiempo sobre el tema marítimo y proyectaron una nueva estrategia comunicacional, que será diseñada junto con el equipo. Este plan será ejecutado luego de que Chile entregue su dúplica, o sea, en la fase oral del juicio.
Al respecto, el presidente del Senado, José Gonzales, consideró un aporte “riquísimo” el de Carlos Mesa y el de otros expresidentes a la demanda marítima y aseguró que el plan comunicacional será ejecutado en el exterior en coordinación con el equipo jurídico.
Mesa reveló, en entrevista con EL DEBER, que se reunió con Morales en este último tiempo y señaló que se abordaron temas relaciones con la campaña marítima.
Trabajo en equipo
Mientras, el expresidente Jaime Paz Zamora consideró que el trabajo se lo debe realizar “ahora, antes de que termine el juicio”. El exmandatario aún no se reunió con el jefe de Estado, Evo Morales, pero está dispuesto a ayudar en el plan mediático.
La misma situación la tienen los expresidentes Jorge Quiroga y Guido Vildoso, quienes esperan el llamado de Morales para coadyuvar al proceso.
“Se habló algo cuando nos reunimos con (Eduardo) Rodríguez Veltzé y el abogado (Antonio) Remiro Brotons. Tenemos que tener un nuevo plan comunicacional, pero sobre todo tenemos que mirar luego de La Haya, ya que la Corte Internacional de Justicia no nos dará el mar, el mar lo tendremos luego de las gestiones exitosas que podamos realizar después del fallo”, declaró Jaime Paz Zamora
jueves, 23 de marzo de 2017
miércoles, 22 de marzo de 2017
además de Los Tiempos, El Deber de Santa Cruz se refiere a los incidentes en la frontera y la detención de dos militares y 9 empleados de la Aduana en Chile.
Grave incidente fronterizo
La detención de dos militares y siete miembros de la Aduana Nacional a manos de la Policía de Carabineros de Chile ha desencadenado un conflicto bilateral de alta tensión, que esperamos se pueda resolver por la vía del diálogo y el respeto a las normas internacionales. Dos versiones están sobre la mesa. El Gobierno boliviano asegura que el comando militar y aduanero realizaba tareas en territorio boliviano para impedir el ingreso de contrabandistas que intentaban evadir las normas aduaneros. En cambio, el Ejecutivo chileno señala que los militares y aduaneros bolivianos ingresaron en territorio chileno y cometieron graves delitos vinculados con el robo de un camión con mercadería y el intento de asalto a otros nueve camiones.
El hecho ocurrió, según la versión chilena, en el sector de Panavinto, en la región norteña de Tarapacá, a unos 2.000 kilómetros al noreste Santiago. El caso es que Carabineros de Chile procedió a la aprehensión de dos militares y siete aduaneros que todavía permanecen detenidos en una comisaría de Colchane, cuya situación jurídica se definirá hoy.
Esta no es la primera vez que estalla un conflicto bilateral por la detención de personal militar boliviano. En 2011 y 2014, soldados del Ejército fueron privados de su libertad bajo el mismo argumento, que habían invadido territorio extranjero. El caso exige una investigación imparcial que permita saber cuál de las dos partes dice la verdad y en qué circunstancias se da la detención de ciudadanos bolivianos a fin de ver si se han cometido abusos que violan el Derecho Internacional. Es cierto que todo país tiene derecho a defender su territorio y a no permitir el ingreso de militares de otro país sea cual sea el justificativo.
Pero también es cierto que resulta inverosímil que un comando militar-aduanero haya estado realizando tareas para “robar” a contrabandistas, como dice el Ejecutivo chileno.
Lamentablemente, este incidente viene a agravar la situación de tensión que los Gobiernos de La Paz y Santiago protagonizan por las demandas marítima y por la aguas del Silala que se sustancian en el Tribunal Internacional de La Haya. Ojalá las autoridades chilenas aceleren los pasos para liberar a los militares y aduaneros involucrados.
Solo el diálogo con ayuda de la comunidad internacional permitirá encontrar una salida a un enfrentamiento bilateral que tiene costos elevados para los pueblos de Bolivia y de Chile.
El hecho ocurrió, según la versión chilena, en el sector de Panavinto, en la región norteña de Tarapacá, a unos 2.000 kilómetros al noreste Santiago. El caso es que Carabineros de Chile procedió a la aprehensión de dos militares y siete aduaneros que todavía permanecen detenidos en una comisaría de Colchane, cuya situación jurídica se definirá hoy.
Esta no es la primera vez que estalla un conflicto bilateral por la detención de personal militar boliviano. En 2011 y 2014, soldados del Ejército fueron privados de su libertad bajo el mismo argumento, que habían invadido territorio extranjero. El caso exige una investigación imparcial que permita saber cuál de las dos partes dice la verdad y en qué circunstancias se da la detención de ciudadanos bolivianos a fin de ver si se han cometido abusos que violan el Derecho Internacional. Es cierto que todo país tiene derecho a defender su territorio y a no permitir el ingreso de militares de otro país sea cual sea el justificativo.
Pero también es cierto que resulta inverosímil que un comando militar-aduanero haya estado realizando tareas para “robar” a contrabandistas, como dice el Ejecutivo chileno.
Lamentablemente, este incidente viene a agravar la situación de tensión que los Gobiernos de La Paz y Santiago protagonizan por las demandas marítima y por la aguas del Silala que se sustancian en el Tribunal Internacional de La Haya. Ojalá las autoridades chilenas aceleren los pasos para liberar a los militares y aduaneros involucrados.
Solo el diálogo con ayuda de la comunidad internacional permitirá encontrar una salida a un enfrentamiento bilateral que tiene costos elevados para los pueblos de Bolivia y de Chile.
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martes, 21 de marzo de 2017
para Los Tiempos, el problema con la detención de 9 funcionarios en territorio chileno, debe "ser resuelto sin estridencia en el plano diplomático" y tiene razón porque ello significa tolerancia y prudencia aconsejable a un Régimen, que por desgracia no es tolerante, ni es moderado en el tratamiento de los asuntos de Estado, ni siquiera los que bordean el terreno peligroso de la seguridad y la paz.
Sin duda, hoy es una día importante en el proceso que Bolivia ha incoado en contra de Chile para obligar a ese país a negociar de buena fe una salida soberana al Océano Pacífico, salida con la que nacimos como república y que por la Guerra del Pacífico fue clausurada.
Para el efecto, una misión encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores se juntará al delegado ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, para hacer entrega del documento de réplica en contra de los argumentos chilenos.
Lamentablemente, este importante acto se ha visto afectado por el arresto de dos militares bolivianos y siete funcionarios de la Aduana por la Policía de Chile, por cuanto, según las autoridades de ese país, éstos se encontraban en su territorio realizando un presunto intento de contrabando de vehículos. Las autoridades bolivianas han rechazado tajantemente la denuncia, asegurando que los militares y funcionarios se encontraban, más bien, en territorio boliviano en una operación contra el contrabando.
Es necesario dilucidar claramente lo sucedido y no aumentar innecesarias fricciones entre ambos países. Lo que sus Gobiernos tienen en sus manos con el proceso en La Haya es demasiado importante para no actuar con la debida prudencia y ponderación, velando por el respeto a los derechos que amparan a ciudadanos de ambos países.
Adicionalmente, y como explica el delegado ante la CIJ a Los Tiempos, es fundamental que, cualquiera sea el fallo que finalmente emita la Corte, ambos países demuestren capacidad de negociación para solucionar en forma eficiente y al margen de las presiones políticas los problemas que aparecen en todas naciones vecinas. Más aún cuando se tiene una extensa línea fronteriza y hay toda una industria ilegal en ambos lados de ella.
También es una mala coincidencia un hecho que en los anteriores hitos del proceso aún no era acuciante: se atraviesa la última gestión de ambos gobernantes, situación que puede ser aprovechada por sus respectivos entornos con otros propósitos que los eminentemente estatales.
Con ese telón de fondo, lo que corresponde es insistir ante ambos Gobiernos para que desplieguen los mayores esfuerzos para investigar el conflicto que se comenta y se ofrezca a sus respectivos pueblos una clara explicación, que es fundamental para poder establecer responsabilidades y evitar, a fuer de ser reiterativos, que se afecte al tema central en las actuales circunstancias: el proceso jurídico en La Haya.
No en vano el país ha decidido conformar una comisión de alto nivel en la que además de las mencionadas autoridades, se encuentran el ministro de Justicia y la presidenta de la Cámara de Diputados, y se han organizado “vigilias” en el territorio nacional.
Hay que estar conscientes de que la siguiente etapa del proceso, salvo apelación de parte y aprobación de los jueces, será el proceso oral en la CIJ, pasado el cual los jueces procederán a elaborar el respectivo dictamen. Esto significa que, como explicó el agente en La Haya, el país debe estar preparado para el diálogo y la negociación, tarea que trasciende conflictos puntuales que deben ser resueltos, sin mayor estridencia, en el campo de la diplomacia.
Para el efecto, una misión encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores se juntará al delegado ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, para hacer entrega del documento de réplica en contra de los argumentos chilenos.
Lamentablemente, este importante acto se ha visto afectado por el arresto de dos militares bolivianos y siete funcionarios de la Aduana por la Policía de Chile, por cuanto, según las autoridades de ese país, éstos se encontraban en su territorio realizando un presunto intento de contrabando de vehículos. Las autoridades bolivianas han rechazado tajantemente la denuncia, asegurando que los militares y funcionarios se encontraban, más bien, en territorio boliviano en una operación contra el contrabando.
Es necesario dilucidar claramente lo sucedido y no aumentar innecesarias fricciones entre ambos países. Lo que sus Gobiernos tienen en sus manos con el proceso en La Haya es demasiado importante para no actuar con la debida prudencia y ponderación, velando por el respeto a los derechos que amparan a ciudadanos de ambos países.
Adicionalmente, y como explica el delegado ante la CIJ a Los Tiempos, es fundamental que, cualquiera sea el fallo que finalmente emita la Corte, ambos países demuestren capacidad de negociación para solucionar en forma eficiente y al margen de las presiones políticas los problemas que aparecen en todas naciones vecinas. Más aún cuando se tiene una extensa línea fronteriza y hay toda una industria ilegal en ambos lados de ella.
También es una mala coincidencia un hecho que en los anteriores hitos del proceso aún no era acuciante: se atraviesa la última gestión de ambos gobernantes, situación que puede ser aprovechada por sus respectivos entornos con otros propósitos que los eminentemente estatales.
Con ese telón de fondo, lo que corresponde es insistir ante ambos Gobiernos para que desplieguen los mayores esfuerzos para investigar el conflicto que se comenta y se ofrezca a sus respectivos pueblos una clara explicación, que es fundamental para poder establecer responsabilidades y evitar, a fuer de ser reiterativos, que se afecte al tema central en las actuales circunstancias: el proceso jurídico en La Haya.
No en vano el país ha decidido conformar una comisión de alto nivel en la que además de las mencionadas autoridades, se encuentran el ministro de Justicia y la presidenta de la Cámara de Diputados, y se han organizado “vigilias” en el territorio nacional.
Hay que estar conscientes de que la siguiente etapa del proceso, salvo apelación de parte y aprobación de los jueces, será el proceso oral en la CIJ, pasado el cual los jueces procederán a elaborar el respectivo dictamen. Esto significa que, como explicó el agente en La Haya, el país debe estar preparado para el diálogo y la negociación, tarea que trasciende conflictos puntuales que deben ser resueltos, sin mayor estridencia, en el campo de la diplomacia.
domingo, 25 de diciembre de 2016
Carlos Mesa se refiere a dos autores Agramont y Perez quienes han producido un libro "UN PAIS PRIVADO DE LITORAL" sobre cuestiones medulares, los costos de la mediterraneidad, la depenfe del Pacífico, la realidad diaria y el régimen de libre tránsito asociados a las élites chilenas.
Mediterraneidad, una mirada científica
La aproximación sistemática y consistente en el ámbito de las ciencias sociales que hacen Agramont y Peres refuerza el aserto de que, en el contexto de la realidad existente en Chile y de sus intereses políticos, económicos y empresariales, es más que evidente que es imposible proyectar un futuro razonable para aplicar el libre tránsito a plenitud
Con el título Bolivia: Un País Privado de Litoral, Daniel Agramont Lechín y José Peres Cajías presentan un libro esclarecedor sobre uno de los aspectos cruciales de nuestra demanda marítima, pues responden con meridiana claridad a la pregunta reiterada hasta el cansancio por Chile y también por importantes sectores de la comunidad internacional: ¿Por qué quiere Bolivia un acceso soberano al mar?
El trabajo contempla cuatro cuestiones medulares: los costos económicos de la mediterraneidad, la dependencia boliviana del Océano Pacífico, la realidad diaria de la mediterraneidad y el régimen de libre tránsito asociado a las élites económicas chilenas.
La primera conclusión, ya establecida en El Libro Azul y El Libro del Mar, pero respaldada por nuevos datos es que todos los estudios serios apuntan a que el enclaustramiento representa para los países sin litoral una pérdida de entre 1,2 por ciento y 1,5 por ciento de crecimiento del PIB. Pero algo más, genera un efecto negativo directo sobre el desarrollo y sobre la integración con un impacto de un 20 por ciento en el desarrollo global en comparación a los países con litoral. Definitivamente, en este ámbito, los costos de transporte son los más determinantes en los efectos negativos que sufren 36 países mediterráneos en el mundo, 31 de ellos de ingresos medios o bajos, con el añadido de que Bolivia es el único de todos ellos que nació a la vida independiente con acceso soberano al mar.
Los autores subrayan una evidencia crucial. A pesar de los esfuerzos por volcar parte de nuestro comercio internacional al Atlántico, históricamente la vocación del país es la de la Cuenca del Pacífico desde que en el siglo XVI nos integramos a la economía mundial bajo el dominio del imperio español, en particular con las exportaciones de la plata potosina. Hasta el boom gasífero, nuestras exportaciones se han movido dominantemente por el Pacífico, llegando en algún momento de la historia a representar el 85 por ciento del total.
En 2015, el 98 por ciento de las exportaciones agrícolas, el 100 por ciento de los hidrocarburos (excepto obviamente las bilaterales a Brasil y Argentina), el 99 por ciento de la minería y el 78 por ciento de las manufacturas, pasó por Chile. En cuanto a nuestras importaciones, el 83 por ciento del total pasó por Chile.
En el vía crucis cotidiano del uso que hacemos del “libre tránsito”, el libro revela un dato estremecedor, Chile representa el 46 por ciento del total de días de huelgas portuarias de entre 12 países latinoamericanos sumados. A esto hay que añadir el mal estado del tramo chileno de la carretera Arica-Bolivia, la inutilidad del ferrocarril Arica-La Paz que no funciona y que para hacerlo adecuadamente requiere de un completo rediseño, la deficiente infraestructura de los puertos de Arica y Antofagasta y el perjuicio adicional de la privatización de los puertos y la obligación (ilegal) de Bolivia de tener que negociar con autoridades privadas de los mismos. Añadamos, para tener el cuadro completo, la burocracia desmesurada y los costos y tiempos que demoran el tránsito de nuestros productos.
Pero quizás el capítulo más interesante de este notable trabajo es el último. Se trata de poner en evidencia la importante incidencia en la economía chilena de élites económicas muy poderosas. Baste citar que sólo las ocho principales fortunas individuales de ese país (entre las que está la del expresidente Piñera) suman 25.000 millones de dólares (el 10 por ciento de su PIB nacional). Tres grupos de poder controlan la actividad portuaria chilena: el Grupo Luksic (familia descendiente de Eduardo Abaroa, que era propietaria de la red Andina hasta hace poco) con participación en operaciones portuarias en Arica, Iquique y Antofagasta; el Grupo Urenda vinculado a las terminales portuarias de Arica, Iquique y Antofagasta, y el Grupo Von Appen operador privado en Arica, Iquique y Antofasta. No es ocioso recordar que los tres puertos mencionados dependen de modo determinante del comercio con Bolivia y que el actual estado de cosas es el mejor escenario para estos holdings empresariales.
La aproximación sistemática y consistente en el ámbito de las ciencias sociales que hacen Agramont y Peres refuerza el aserto de que, en el contexto de la realidad existente en Chile y de sus intereses políticos, económicos y empresariales, es más que evidente que es imposible proyectar un futuro razonable para aplicar el libre tránsito a plenitud y que, aún en la más que improbable posibilidad de que se consiguiera, es la mediterraneidad la que define estructuralmente costos que sólo pueden resolverse a través de un acceso soberano al Océano Pacífico.
El autor fue presidente de la República.
Con el título Bolivia: Un País Privado de Litoral, Daniel Agramont Lechín y José Peres Cajías presentan un libro esclarecedor sobre uno de los aspectos cruciales de nuestra demanda marítima, pues responden con meridiana claridad a la pregunta reiterada hasta el cansancio por Chile y también por importantes sectores de la comunidad internacional: ¿Por qué quiere Bolivia un acceso soberano al mar?
El trabajo contempla cuatro cuestiones medulares: los costos económicos de la mediterraneidad, la dependencia boliviana del Océano Pacífico, la realidad diaria de la mediterraneidad y el régimen de libre tránsito asociado a las élites económicas chilenas.
La primera conclusión, ya establecida en El Libro Azul y El Libro del Mar, pero respaldada por nuevos datos es que todos los estudios serios apuntan a que el enclaustramiento representa para los países sin litoral una pérdida de entre 1,2 por ciento y 1,5 por ciento de crecimiento del PIB. Pero algo más, genera un efecto negativo directo sobre el desarrollo y sobre la integración con un impacto de un 20 por ciento en el desarrollo global en comparación a los países con litoral. Definitivamente, en este ámbito, los costos de transporte son los más determinantes en los efectos negativos que sufren 36 países mediterráneos en el mundo, 31 de ellos de ingresos medios o bajos, con el añadido de que Bolivia es el único de todos ellos que nació a la vida independiente con acceso soberano al mar.
Los autores subrayan una evidencia crucial. A pesar de los esfuerzos por volcar parte de nuestro comercio internacional al Atlántico, históricamente la vocación del país es la de la Cuenca del Pacífico desde que en el siglo XVI nos integramos a la economía mundial bajo el dominio del imperio español, en particular con las exportaciones de la plata potosina. Hasta el boom gasífero, nuestras exportaciones se han movido dominantemente por el Pacífico, llegando en algún momento de la historia a representar el 85 por ciento del total.
En 2015, el 98 por ciento de las exportaciones agrícolas, el 100 por ciento de los hidrocarburos (excepto obviamente las bilaterales a Brasil y Argentina), el 99 por ciento de la minería y el 78 por ciento de las manufacturas, pasó por Chile. En cuanto a nuestras importaciones, el 83 por ciento del total pasó por Chile.
En el vía crucis cotidiano del uso que hacemos del “libre tránsito”, el libro revela un dato estremecedor, Chile representa el 46 por ciento del total de días de huelgas portuarias de entre 12 países latinoamericanos sumados. A esto hay que añadir el mal estado del tramo chileno de la carretera Arica-Bolivia, la inutilidad del ferrocarril Arica-La Paz que no funciona y que para hacerlo adecuadamente requiere de un completo rediseño, la deficiente infraestructura de los puertos de Arica y Antofagasta y el perjuicio adicional de la privatización de los puertos y la obligación (ilegal) de Bolivia de tener que negociar con autoridades privadas de los mismos. Añadamos, para tener el cuadro completo, la burocracia desmesurada y los costos y tiempos que demoran el tránsito de nuestros productos.
Pero quizás el capítulo más interesante de este notable trabajo es el último. Se trata de poner en evidencia la importante incidencia en la economía chilena de élites económicas muy poderosas. Baste citar que sólo las ocho principales fortunas individuales de ese país (entre las que está la del expresidente Piñera) suman 25.000 millones de dólares (el 10 por ciento de su PIB nacional). Tres grupos de poder controlan la actividad portuaria chilena: el Grupo Luksic (familia descendiente de Eduardo Abaroa, que era propietaria de la red Andina hasta hace poco) con participación en operaciones portuarias en Arica, Iquique y Antofagasta; el Grupo Urenda vinculado a las terminales portuarias de Arica, Iquique y Antofagasta, y el Grupo Von Appen operador privado en Arica, Iquique y Antofasta. No es ocioso recordar que los tres puertos mencionados dependen de modo determinante del comercio con Bolivia y que el actual estado de cosas es el mejor escenario para estos holdings empresariales.
La aproximación sistemática y consistente en el ámbito de las ciencias sociales que hacen Agramont y Peres refuerza el aserto de que, en el contexto de la realidad existente en Chile y de sus intereses políticos, económicos y empresariales, es más que evidente que es imposible proyectar un futuro razonable para aplicar el libre tránsito a plenitud y que, aún en la más que improbable posibilidad de que se consiguiera, es la mediterraneidad la que define estructuralmente costos que sólo pueden resolverse a través de un acceso soberano al Océano Pacífico.
El autor fue presidente de la República.
jueves, 1 de diciembre de 2016
pobre Eduardo Rodríguez si bien reside en La Haya donde además de Embajador es el más alto representante en el tema de EL MAR, tiene que volar donde lo llamen, el Procurador Arce lo cita en Milán, el Vice Garc+ia en Nueva York. no sería mejor que los funcionarios se trasladasen a La Haya para tratar con Rodríguez<+
El próximo 21 de marzo, el país deberá presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una réplica a la respuesta chilena en el proceso incoado para que se obligue al país vecino a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico. Dirige la elaboración del documento el expresidente Eduardo Rodríguez.
Dada la importancia del tema, ha sido acertada la decisión de nuestras más importantes autoridades de interrumpir su tarea de buscar a tiempo completo la manera de violar la Constitución Política del Estado y el referendo constitucional de 21 de febrero de 2016 para viabilizar una cuarta postulación de los primeros mandatarios, y dedicar un espacio de su agenda a conocer cómo se está desarrollando ese trabajo. Pero, lo han hecho de una manera complicada.
Primero, el Canciller y el Procurador del Estado se han trasladado a Milán, Italia, donde han convocado al exmandatario, que tiene su sede en el Reino de los Países Bajos (donde también cumple las funciones de embajador). Luego, el turno de ser informado le tocó al Vicepresidente del Estado, quien convocó a Rodríguez a Nueva York para el efecto, con un agregado: analizar el estado de las relaciones con Holanda. Para más complicación, el Vicepresidente se ausentó del país al mismo tiempo que lo hizo el Primer Mandatario, por lo que la Presidencia del Estado quedó en manos del presidente de la Cámara de Senadores, en un tiempo de emergencia nacional por la sequía.
¿No será posible que los dignatarios se organicen mejor? Por ejemplo, convocar al delegado al país (se requeriría un sólo pasaje) para que preste el informe requerido en vez de que los tres dignatarios mencionados viajen a La Haya. Con organización su labor administrativa sería más eficiente y barata…
Dada la importancia del tema, ha sido acertada la decisión de nuestras más importantes autoridades de interrumpir su tarea de buscar a tiempo completo la manera de violar la Constitución Política del Estado y el referendo constitucional de 21 de febrero de 2016 para viabilizar una cuarta postulación de los primeros mandatarios, y dedicar un espacio de su agenda a conocer cómo se está desarrollando ese trabajo. Pero, lo han hecho de una manera complicada.
Primero, el Canciller y el Procurador del Estado se han trasladado a Milán, Italia, donde han convocado al exmandatario, que tiene su sede en el Reino de los Países Bajos (donde también cumple las funciones de embajador). Luego, el turno de ser informado le tocó al Vicepresidente del Estado, quien convocó a Rodríguez a Nueva York para el efecto, con un agregado: analizar el estado de las relaciones con Holanda. Para más complicación, el Vicepresidente se ausentó del país al mismo tiempo que lo hizo el Primer Mandatario, por lo que la Presidencia del Estado quedó en manos del presidente de la Cámara de Senadores, en un tiempo de emergencia nacional por la sequía.
¿No será posible que los dignatarios se organicen mejor? Por ejemplo, convocar al delegado al país (se requeriría un sólo pasaje) para que preste el informe requerido en vez de que los tres dignatarios mencionados viajen a La Haya. Con organización su labor administrativa sería más eficiente y barata…
lunes, 25 de julio de 2016
entre otros el autor que publica en LTD, se refiere a mi amigo "Pedro Telmo autor de yo quiero un mar...un mar azul", en efecto chileno de origen, blancón, muy educado, siempre bien puesto vivió mucho en LP amancebao con la propietaria del hotelito en que vivía...compuso "Virgencita India de Copacabana" con tanto éxito como la primera. Echalar se refiere a los desaforados de Choquehuanca...que quiere hacer cantar y no lo logra...
No me llevo bien con los himnos, sobretodo los marciales, principalmente porque son parte de un paquete que tiene que ver con esa historia tan llena de sangre que ha sido el devenir humano. Tampoco me gustan porque, en general, tienen letras que de tan patrióticas llegan a ser obscenas, o son simplemente absurdas. El único himno que me gusta es el de la Unión Europea, que yo conocí mucho antes de ser convertido en himno, y que en forma desorejada lo canté en mi niñez.
Hace un par de años, en una recepción en una legación europea paceña, luego de que se tocara ese himno, nuestro Canciller, a capela, se despachó unas estrofas del “Condor pasa”. Trató, sin éxito, que la concurrencia lo siguiera alentando a la gente con sus brazos casi aleteando, pero no recibió mucho más que una sonrisa entre irónica y diplomática. Hizo esto previa introducción diciendo que esa canción era la novena sinfonía andina, triste comparación.
Ese episodio, que no llegó a ser bochornoso, pero que tuvo un carácter casi buñueliano, me volvió a la mente gracias a la performance de Antofagasta.
Si el coro que acompañó a su excelencia hubiera entonado: “Yo quiero un Mar para Bolivia” del autor chileno Pedro Telmo Caicano, el gesto hubiera tenido un algo muy especial, la canción es bonita, es acorde con la demanda boliviana, y fue compuesta por un chileno que, dice al menos la leyenda, hubiera perdido su nacionalidad debido a esa canción, (hubo tiempos en que las canciones eran tomadas más en serio, algo que, por suerte para nosotros, ya pasó).
Estando en el Atacama, cantar el himno a Abaroa, nuestro héroe aquilino, tan honrado también en Chile al extremo de que se han inventado una casa que Abaroa hubiera tenido en Calama, hubiera tenido también un gran sentido.
La canción de la Fuerza Naval, que clama por los territorios perdidos y augura un retorno de estos al seno de la patria, tiene una serie de problemas. Para empezar, dudo que la gente de Antofagasta, Tocopilla o Taltal se sientan identificados con tal anhelo, un buen ejemplo es la expresiva alcaldesa de Antofagasta, aunque posiblemente ella no sería vista en Santiago como una auténtica chilena, la confundirían con peruana o boliviana, transpira nacionalismo y del peor.
Hay más. Es una canción militar, y no habla de nostalgia, sino de volver a esas costas. Es un mensaje agresivo, un mensaje que no condice con nuestra constitución, que como diría el presidente Evo, es pacifista. De hecho, que sea cantada por altas autoridades bolivianas puede darles la razón a los chilenos ante La Haya en el sentido de que ellos dicen que lo que Bolivia quiere es una revisión del tratado de 1904.
Me pregunto: ¿por qué escoger precisamente esa canción? Parece una mera provocación. Bueno, como lo parece todo el viaje que hizo esa comitiva de altísimo rango pero de deficiente nivel.
El Canciller tiene derecho a ejercitar el canto. La vida es mejor cuando se canta: Me lo imagino muy bien en el papel de Sancho en El hombre de la Mancha, e imagino a la presidenta de diputados también perfecta como una Dulcinea. El resto de la comitiva que los acompañó a Chile podría, sin el menor esfuerzo, ser el coro de los habitantes de las mazmorras de la inquisición. Si hubieran cantado en Antofagasta, “Soñar, el sueño imposible…”, la hermosa canción central de ese musical, el efecto hubiera sido maravilloso.
Mientras tanto, lo ideal sería que alguien tome muy en serio, con paños fríos y sin aspavientos, la problemática alrededor del puerto de Arica. Ese puerto que nunca perteneció a Bolivia y que siempre fue paradójicamente su más importante puerto. Estoy seguro de que ambas partes, Chile y Bolivia, el puerto y los usuarios, deben escucharse y estoy seguro de que las cosas pueden mejorar. Ante todo, porque a ambos les conviene.
El autor es operador de turismo.
miércoles, 6 de abril de 2016
en efecto Luis Fernando Prado tiene plena razón. desesperado Evo es capaz de lanzarnos a una aventura contra Chile, ya que no atina el Presidente a salir del pozo sin fondo en que se metió con lo de la Zapata y el hijo de ambos.
Luis Fernando Prado G
Cualquier cosa es posible con tal de forzar la reelección
Esta para mi es la noticia más importante que está pasando inadvertida, en su desesperación El presidente es capaz de declarar la guerra a Chile para subir su popularidad en las encuestas y de esa manera por emergencia nacional, suspendería las elecciones.
"Las Fuerzas Armadas con sus mejores profesionales militares, hermanos militares, que conocen sobre el Silala se van a plegar a la comisión de esta gestión del Gobierno nacional para sentar soberanía en las aguas del Silala", aseveró el primer mandatario.
Esto no es solo para distraer a la opinión pública, esta es su salida para no tener que entregar el gobierno al final de su mandato; las consecuencias, de esto serían terribles para el país, económicamente y socialmente.
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