Las relaciones entre Bolivia y Chile, probablemente las más quebradizas en América del Sur, están en un callejón del que no saldrán a menos que ocurra una extraordinaria buena voluntad de las dos partes que, por ahora, luce improbable.
Por las señales de los últimos meses, el callejón se volverá más oscuro antes de que emerja alguna luz que ofrezca perspectivas reales de mejoramiento. De momento, mientras los gobiernos de los dos países continúen enfrascados en disputas políticas a corto plazo (Chile con elecciones presidenciales el próximo mes, y una probable segunda vuelta, y Bolivia el próximo año) tendrán la visión bilateral muy estrecha. Ambos, al menos en sus niveles mejor preparados, parecen conscientes de que la cuestión es en estos tiempos como brasa que quemará a quien quiera agarrarla.
Una invitación de la cancillería chilena a una docena de periodistas, observadores y ex diplomáticos bolivianos la semana pasada, dentro de un programa para mejorar las percepciones recíprocas, permitió conocer con más detalle el punto de vista chileno prevaleciente sobre el más que centenario reclamo boliviano: la negociación debe continuar. Con el país desprovisto de aliados de peso dispuestos a apostar su prestigio en la causa boliviana, el rumbo que ha tomado la relación bilateral no parece dejar a Bolivia otro camino que persistir en el diálogo.
Esta conclusión puede valer también para Chile que, en ese horizonte de negociación sin plazos, se siente más confortable pues no tiene la urgencia que motiva a Bolivia para cerrar de una vez y de manera permanente las heridas de la Guerra del Pacífico.
Bajo la óptica de la actual oposición chilena, el rumbo que han tomado las relaciones bilaterales es responsabilidad de la administración del presidente Sebastián Piñera. En la calificación de uno de sus líderes, esa política ha sido “nefasta”.
Es imposible no pensar que la afirmación puede también expresar un propósito de eludir la cuenta que le correspondería al gobierno anterior, que presidió Michelle Bachelet, ahora favorita indiscutible para la reelección, en primera o segunda vuelta. Fue bajo su gobierno que los dos países llegaron a la “agenda de los 13 puntos” que no logró avanzar en abordar el tema que para Bolivia es la piedra angular de toda su política exterior: el acceso soberano al mar, perdido en la guerra de 1879. Los líderes opositores a quienes escuché no han precisado qué es lo que ellos habrían hecho para proseguir el curso de aquella agenda y evitar el desencanto que permeó los ánimos del presidente Morales y su gobierno y acabó conduciendo la controversia hacia la Corte Internacional de Justicia.
En los dirigentes actuales existe “la voluntad de cumplir” el fallo que pudiere dar La Haya, quizá en tres o más años. Esta voluntad debe ser examinada con rigor en Bolivia, pues gran parte de los líderes y pensadores con los que habló el grupo del que yo era parte cree que ese tribunal se declararía incompetente para pronunciarse sobre el planteamiento boliviano y/o sugeriría a las partes dialogar y entenderse. Es decir, volver a la primera estaca de demarcación del problema y hacer lo que se hacía hasta antes de ir a La Haya.
No están lejos de esa hipótesis algunos pensadores “entrantes”, uno de los cuales subrayó que Bolivia tiene que “asumir los riesgos” de haberse enrumbado hacia La Haya. “Vamos a pasar cuatro o cinco años para llegar a lo mismo. Nada habrá cambiado”.
Si Bolivia incluyó en sus cálculos estas visiones de la cuestión y las barajó con el debido cuidado, pertenece al ámbito especulativo. Lo evidente es que el desplazamiento de las piezas bolivianas ha ocurrido cuando aún no se ha levantado el telón de la decisión del mismo tribunal en torno al diferendo marítimo Perú-Chile. Lo que se vea tras ser levantado el telón puede influenciar el curso de la relación Bolivia-Chile. Como dijo un analista favorable al posible gobierno (re) entrante de Bachelet, un fallo de La Haya susceptible de ser interpretado como adverso a los intereses chilenos condicionaría el ánimo respecto a Bolivia de quienquiera que ocupe La Moneda. Es decir, el tiempo que el historiador y diplomático chileno (fue parte del Consulado en La Paz hasta hace poco) José Miguel Concha describe como la política chilena de sesgo boliviano se habría agotado.
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