Evo juega con fuego. no le cuadra que Mesa apoye la causa del MAR y no apoye al MAS. no atina a desprestigiar al ex.presidente y las críticas crecen cada dia, al punto que podría "renunciarlo a la vocería internacional" lo que sería asestar un golpe de gracia a la causa marítima que todos los bolivianos enarbolamos al margen de los Gobiernos de turno.

El gobierno ha caído en una contradicción: primero, como lo mencionamos en un editorial anterior, criticó a la agencia ANF por haber distribuido una nota sobre el libro que una boliviana pretende publicar y que contradice la versión oficial de la demanda marítima. En su observación, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, también criticó a Página Siete por haber reproducido esa información. En su  argumentación, dijo que los medios deben estar en consonancia con el "sentimiento del pueblo boliviano” de volver al mar, por lo que, a su juicio, nadie debería  dar espacio a opiniones diferentes de la oficial. Ello sería, dijo, muestra de "traición a la patria”.

Exactamente 48 horas después de pedir "consonancia” con el tema marítimo, y de anunciar que cualquiera que se desvíe de esa línea comete "traición a la patria”, el gobierno inició una campaña de desprestigio nada menos que contra el portavoz oficial de la causa marítima. Esa campaña ha provenido tanto de altas autoridades, como del Vicepresidente y  dirigentes menores  a raíz de un comentario favorable que realizó el expresidente sobre algunas medidas del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, campaña que obviamente afecta a la imagen internacional del vocero de la causa marítima.

Entonces, ¿en qué quedó la necesidad de la "unidad” en torno al tema marítimo?  ¿No era que todos deben estar en sintonía con la demanda? Y si eso es cierto, ¿cómo el gobierno se lanza nada menos que contra el portavoz, la persona que le ha dado a la demanda una dimensión internacional y que los bolivianos atribuyen, según las encuestas, como uno de los gestores  del favorable fallo de La Haya?

Demostrando que no es verdad nada de lo que se ha dicho,  el Vicepresidente llegó a amenazar con cárcel a los expresidentes que autorizaron el uso de gastos reservados, incluidos Carlos Mesa y al agente ante La Haya, Eduardo Rodríguez, otra pieza clave de la estrategia boliviana.

¿Se imagina el lector la vergüenza internacional que sería el solo hecho de iniciar un proceso contra Mesa y Rodríguez, a meses del inicio de la fase de alegatos escritos del juicio? 

Esa sí sería una verdadera "traición a la patria”, afectar la credibilidad de quienes representan internacionalmente al país en un tema tan delicado, transcendente y decisivo como el marítimo. En Chile deben estar batiendo palmas tras las declaraciones de García Linera y los dirigentes que le hacen coro.

Obviamente,  cualquier persona, esté  o no en un puesto gubernamental clave, debe rendir cuentas de sus actos. Los gastos reservados si generaron mala administración y abuso en su utilización,  deben ser susceptibles de ser investigados. ¿Pero, por qué ahora, en esta coyuntura? En varias ocasiones este asunto ha salido a relucir, siempre con la intención de amedrentar e intimidar a los exmandatarios. Para demostrar su uso político, en 2011, el gobierno también mencionó el hecho, pero en ese momento dijo que estarían exentos Mesa y Rodríguez. 

Habrá que agregar, sobre este punto, que los gastos reservados, con todo lo negativo  que fueron, estaban previstos por ley . Y, en todo caso, se puede comparar la discrecionalidad y las presuntas irregularidades cometidas por las diferentes gestiones del pasado  con las  que rodean a la escandalosa utilización de  los recursos del Fondo Indígena  en la presente gestión (según denunció el Conamaq).

La clave de este asunto está, como se ha dicho, en que  Mesa es considerado, según las encuestas, como  uno de los autores del favorable fallo de La Haya, lo que ha hecho crecer la popularidad del exmandatario. Y ello ha generado incomodidad en el gobierno. No se explican de otra manera los ataques, pese a que Mesa había dejado en claro desde un principio que su apoyo a la causa marítima no le impedía ejercer su independencia en su análisis de la realidad nacional.

Con sus ataques, el gobierno es el primero en resquebrajar  la "unidad nacional” en torno a la demanda  marítima y sus gestores.