Sin duda, hasta ahora la ejecución de la estrategia diseñada por el Gobierno para recuperar una salida soberana al océano Pacífico ha sido exitosa. Ello, probablemente, por tres razones fundamentales: la conformación de un equipo central altamente especializado, un generalizado apoyo de la ciudadanía y la decisión de no utilizar el tema con fines sectarios o personales.
Sin embargo, en los últimos tiempos hay síntomas preocupantes en algunos niveles del Estado central como la tentación creciente de aprovechar el tema para otros fines y hay una compulsión incontrolable a reaccionar ante toda declaración hecha por personalidades chilenas.
Sobre el primer punto, no hay más que insistir en que el Primer Mandatario instruya en forma insistente que la estrategia marítima está por encima de cualquier interés particular, y que quienes se refieran a ella sean los previamente designados, evitando improvisaciones que sólo hacen daño al proceso y caen en la tentación de la figuración personal.
Sobre el segundo punto, es necesario, por un lado, evaluar la pertinencia o no de responder las declaraciones que realicen sobre nuestra demanda centenaria o sobre nuestros argumentos presentados a la Corte Internacional de Justicia personalidades chilenas. Por el otro, si se considera necesario responder, designar a quien lo deba hacer y los lineamientos generales en que se debe enmarcar la respuesta.
Es decir, en este delicado tema el desafío es sopesar las consecuencias de cada una de las acciones públicas que se realicen sobre la prioridad establecida: el buen éxito de la demanda presentada ante La Haya. Si esta actitud no es la dominante y se da paso a otros intereses o a la improvisación se estará, más bien, perforando la estrategia adoptada.
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