Grave incidente fronterizo

La detención de dos militares y siete miembros de la Aduana Nacional a manos de la Policía de Carabineros de Chile ha desencadenado un conflicto bilateral de alta tensión, que esperamos se pueda resolver por la vía del diálogo y el respeto a las normas internacionales. Dos versiones están sobre la mesa. El Gobierno boliviano asegura que el comando militar y aduanero realizaba tareas en territorio boliviano para impedir el ingreso de contrabandistas que intentaban evadir las normas aduaneros. En cambio, el Ejecutivo chileno señala que los militares y aduaneros bolivianos ingresaron en territorio chileno y cometieron graves delitos vinculados con el robo de un camión con mercadería y el intento de asalto a otros nueve camiones.

El hecho ocurrió, según la versión chilena, en el sector de Panavinto, en la región norteña de Tarapacá, a unos 2.000 kilómetros al noreste Santiago. El caso es que Carabineros de Chile procedió a la aprehensión de dos militares y siete aduaneros que todavía permanecen detenidos en una comisaría de Colchane, cuya situación jurídica se definirá hoy. 


Esta no es la primera vez que estalla un conflicto bilateral por la detención de personal militar boliviano. En 2011 y 2014, soldados del Ejército fueron privados de su libertad bajo el mismo argumento, que habían invadido territorio extranjero. El caso exige una investigación imparcial que permita saber cuál de las dos partes dice la verdad y en qué circunstancias se da la detención de ciudadanos bolivianos a fin de ver si se han cometido abusos que violan el Derecho Internacional. Es cierto que todo país tiene derecho a defender su territorio y a no permitir el ingreso de militares de otro país sea cual sea el justificativo.

Pero también es cierto que resulta inverosímil que un comando militar-aduanero haya estado realizando tareas para “robar” a contrabandistas, como dice el Ejecutivo chileno. 

Lamentablemente, este incidente viene a agravar la situación de tensión que los Gobiernos de La Paz y Santiago protagonizan por las demandas marítima y por la aguas del Silala que se sustancian en el Tribunal Internacional de La Haya. Ojalá las autoridades chilenas aceleren los pasos para liberar a los militares y aduaneros involucrados. 

Solo el diálogo con ayuda de la comunidad internacional permitirá encontrar una salida a un enfrentamiento bilateral que tiene costos elevados para los pueblos de Bolivia y de Chile.