para Los Tiempos, el problema con la detención de 9 funcionarios en territorio chileno, debe "ser resuelto sin estridencia en el plano diplomático" y tiene razón porque ello significa tolerancia y prudencia aconsejable a un Régimen, que por desgracia no es tolerante, ni es moderado en el tratamiento de los asuntos de Estado, ni siquiera los que bordean el terreno peligroso de la seguridad y la paz.

Sin duda, hoy es una día importante en el proceso que Bolivia ha incoado en contra de Chile para obligar a ese país a negociar de buena fe una salida soberana al Océano Pacífico, salida con la que nacimos como república y que por la Guerra del Pacífico fue clausurada.
Para el efecto, una misión encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores se juntará al delegado ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, para hacer entrega del documento de réplica en contra de los argumentos chilenos.

Lamentablemente, este importante acto se ha visto afectado por el arresto de dos militares bolivianos y siete funcionarios de la Aduana por la Policía de Chile, por cuanto, según las autoridades de ese país, éstos se encontraban en su territorio realizando un presunto intento de contrabando de vehículos. Las autoridades bolivianas han rechazado tajantemente la denuncia, asegurando que los militares y funcionarios se encontraban, más bien, en territorio boliviano en una operación contra el contrabando.

Es necesario dilucidar claramente lo sucedido y no aumentar innecesarias fricciones entre ambos países. Lo que sus Gobiernos tienen en sus manos con el proceso en La Haya es demasiado importante para no actuar con la debida prudencia y ponderación, velando por el respeto a los derechos que amparan a ciudadanos de ambos países.

Adicionalmente, y como explica el delegado ante la CIJ a Los Tiempos, es fundamental que, cualquiera sea el fallo que finalmente emita la Corte, ambos países demuestren capacidad de negociación para solucionar en forma eficiente y al margen de las presiones políticas los problemas que aparecen en todas naciones vecinas. Más aún cuando se tiene una extensa línea fronteriza y hay toda una industria ilegal en ambos lados de ella.

También es una mala coincidencia un hecho que en los anteriores hitos del proceso aún no era acuciante: se atraviesa la última gestión de ambos gobernantes, situación que puede ser aprovechada por sus respectivos entornos con otros propósitos que los eminentemente estatales.

Con ese telón de fondo, lo que corresponde es insistir ante ambos Gobiernos para que desplieguen los mayores esfuerzos para investigar el conflicto que se comenta y se ofrezca a sus respectivos pueblos una clara explicación, que es fundamental para poder establecer responsabilidades y evitar, a fuer de ser reiterativos, que se afecte al tema central en las actuales circunstancias: el proceso jurídico en La Haya.

No en vano el país ha decidido conformar una comisión de alto nivel en la que además de las mencionadas autoridades, se encuentran el ministro de Justicia y la presidenta de la Cámara de Diputados, y se han organizado “vigilias” en el territorio nacional.

Hay que estar conscientes de que la siguiente etapa del proceso, salvo apelación de parte y aprobación de los jueces, será el proceso oral en la CIJ, pasado el cual los jueces procederán a elaborar el respectivo dictamen. Esto significa que, como explicó el agente en La Haya, el país debe estar preparado para el diálogo y la negociación, tarea que trasciende conflictos puntuales que deben ser resueltos, sin mayor estridencia, en el campo de la diplomacia.