Fernando Salazar con experiencia diplomática y de hombre de Estado escudriña la postura del régimen en tema marítimo y se pronuncia

Inicio esta nota confesando mi impotencia de comprender cuál es la política del Estado plurinacional con respecto a la demanda marítima. He tratado, con patriótico interés, de escudriñar el sendero por el cual se quiere encaminar este delicado asunto.

No se puede desarrollar una política exterior con eslóganes o utilizar reactivamente los medios para competir con el rival; se debe ejecutar una estrategia previamente formulada que incluya metas, evaluaciones periódicas y todas las variables tácticas que se puedan prever.
Para el Gobierno hay dos caminos: negociación bilateral, o sea, el retorno a la agenda de los 13 puntos y demanda ante tribunales internacionales, para lo cual se ha creado un ente autónomo, denominado Diremar (Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima).
Se ha explicado que las dos vías no son incompatibles. Es cierto que son dos caminos diferentes que pueden ser paralelos pero, para ello, tiene que haber un mínimo de aceptación de ambas partes para poder ir, simultáneamente, por la vía negociadora y por la judicial.

Chile considera que no existe materia para la vía judicial. Es una media verdad. Sí existe materia, pero ella no nos conducirá al propósito fundamental de tener una salida al Pacífico. Podrá conseguirse que se cumplan las partes del tratado que no se cumplen o, en el mejor de los casos, ordenarse una compensación por ese incumplimiento.
La Cancillería, con toda razón, parece inclinarse a la negociación; seguramente ha sopesado la situación y ha llegado a la conclusión de que una escalada de tensión favorece más a Chile que a Bolivia. Paralelamente, Diremar insiste en la demanda. Si no lo hiciera no tendría razón de existir.

El canciller Choquehuanca, al ser consultado sobre una posible solución que satisfaga a ambos países, dijo: “Considero que es mediante el diálogo. Pero hemos esperado más de 100 años y el presidente Morales ha conformado una dirección estratégica de reivindicación marítima sin descartar el diálogo”.

He aquí un punto neurálgico: ante el convencimiento que parece surgir de que una demanda ante un tribunal podría ser viable para ciertas cosas, pero no para conseguir una salida al mar, ¿qué hacer con Diremar? Una vez creada una burocracia es muy difícil erradicarla del mapa administrativo del Estado. Pegas significan lealtades compradas…
Somos, además, testigos de una política dual: una que encamina la Cancillería y otra que es ejecutada por Diremar. Esta dualidad refleja un otro punto crítico mucho más sustantivo: ausencia de una política exterior concertada sobre el tema, incluyendo la relación bilateral con Chile y Perú.

El tercer punto inquietante es Chile. Con los sectores más reaccionarios en función de poder, era predecible una posición casi belicista del vecino frente a Bolivia. Independientemente de ello, Chile siempre ha estado claro con relación al concepto de soberanía territorial. La lectura del Gobierno en los tiempos de la ‘confianza mutua’ fue equivocada. Se dejaron impresionar por la lisonja chilena que aprovechó la falta de oficio de los diplomáticos bolivianos. Ahora, con Piñera, Chile es más directo e intransigente.

Ante este panorama, es preciso y oportuno que se reflexione sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Es tiempo de que se haga una evaluación del camino adoptado. Los resultados nos indicarán qué se ha obtenido -si es que en algo hemos avanzado- y, solo así, podremos rencaminar el rumbo de un tema que es de vital importancia para los intereses del país.
* Abogado e internacionalista