La decisión del Gobierno de iniciar un juicio internacional a Chile en la Corte Internacional de Justicia, marca un nuevo paso del país en la saga de nuestra demanda marítima.
Una buena parte de la opinión pública nacional cree que Bolivia no ha tenido ni tiene una política de Estado sobre el tema, y que los Gobiernos nacionales han optado por caminos erráticos y frecuentemente contradictorios. ¿Es esto verdad?
El Tratado de 1904, que dividió dramáticamente al país como lo prueba la importante cantidad de votos parlamentarios en su contra, fue el terrible parte aguas histórico en la cuestión del mar boliviano. A partir de su suscripción Bolivia comenzó una política exterior destinada a reparar tamaño error.
En 1910 (Gobierno Villazón-canciller Sánchez Bustamante), Bolivia planteó una vigorosa propuesta basada en una idea que no ha cambiado hasta hoy que decía textualmente: “Bolivia no puede vivir aislada del mar… ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible por llegar a poseer por lo menos un puerto sobre el Pacífico”. Propuso entonces que Chile y Perú se avinieran a cederle a Bolivia Tacna y Arica, lo que fue desestimado por ambos.
Pero lo esencial de esa propuesta –norte de nuestra política exterior– es la lógica de no pedir una devolución de todo lo usurpado, optando por un camino viable en el marco de la sensatez, pero con la firmeza de no cejar hasta lograr la solución.
En 1921 (Gobierno Saavedra-canciller Alberto Gutiérrez), particularmente por el empecinamiento de Franz Tamayo, Bolivia planteó ante la Liga de las Naciones la revisión del Tratado de 1904. La demanda no fue admitida.
En 1929, el protocolo secreto del Tratado firmado entre Chile y Perú, mostró con claridad la intención de darle la llave del candado chileno al Perú. La obligación de Chile de consultar a Perú en caso de que un eventual acuerdo con Bolivia cediera territorios antes peruanos. Esta cláusula de mala fe, marcó una exigencia más compleja aún a la estrategia diplomática boliviana.
En 1950 (Gobierno Urriolagoitia-canciller Alberto Ostria), se consolidaron las bases inalterables de la política exterior boliviana. Se propuso a Chile la cesión de una franja territorial al norte de Arica que le diera a Bolivia una salida libre útil y soberana con continuidad territorial. La propuesta se apoyó en la buena disposición para la negociación expresada por el presidente chileno González Videla. La iniciativa que consideraba el uso por parte de Chile de aguas del Titicaca, se frustró ante la rotunda negativa del presidente peruano Odría.
En 1975 (Gobierno Banzer-canciller Alberto Guzmán), Bolivia inició una franca negociación con Chile, sobre las bases del 50, es decir, un corredor con continuidad territorial pegado a la línea de la Concordia (frontera Chile-Perú) hasta el mar al norte de Arica. Chile aceptó esa base para negociar. El acuerdo no se logró por dos razones: El pedido de Chile de una compensación territorial y la respuesta peruana que pretendía un área (precisamente en la costa) de soberanía compartida trinacional.
En 1979 (Presidencia Guevara-canciller Gustavo Fernández), se incorporó un nuevo elemento fundamental al lograr que la OEA emita una resolución que considera que la mediterraneidad boliviana es un tema de interés hemisférico. Es decir, la multilateralización de la demanda marítima. Ese basamento fue tomado por nuestro Gobierno y el canciller Juan Ignacio Siles en 2004 en Monterrey.
En 1987 (Gobierno Paz Estenssoro-canciller Guillermo Bedregal), Chile se avino a negociar con Bolivia sobre la misma línea ya referida del 50 y 75. Si bien la propuesta boliviana tenía algunas variantes menores (tres posibles enclaves por ejemplo), su espíritu era el mismo. Chile dio un rotundo e intempestivo no, sin mayores explicaciones.
Los esfuerzos de Algarve en 2000 (Gobierno Banzer-canciller Javier Murillo) de una agenda abierta que incluyera el mar y de 2006 (Gobierno Morales-canciller David Choquehuanca) de una agenda sin exclusiones (en la que se podía incluir la petición histórica boliviana sobre la soberanía), ratificaron la continuidad de una política nacional.
La decisión del Presidente expresada el 23 de marzo de 2013 de iniciar un juicio a Chile, se fundamenta en dos premisas: Como todos sus antecesores (salvo el traspié de 1921) no menciona el Tratado de 1904 como sujeto de tal proceso. Argumenta sobre el hecho jurídico de que el compromiso unilateral de un país (la decisión documentada que Chile expresó en varias oportunidades de lograr un acuerdo con Bolivia sobre la base de un corredor con soberanía) será la base de tal demanda. Apoyada en ello, Bolivia presentará su alegato ante el Tribunal Internacional de Justicia.
Como puede apreciarse, el país ha desarrollado desde 1910 una política de Estado coherente, seria y realista en la cuestión marítima, que el presidente Morales ratifica.
El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/
Twitter: @carlosdmesag
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