Cuando el Gobierno hábilmente pone en el centro de atención del público el tema marítimo, es penoso ver la procesión de exautoridades al palacio, ayudando a distraer la atención de los bolivianos sobre el escándalo de la manipulación del sistema judicial con fines políticos. Faltó la talla moral de un político que, a riesgo de ser impopular, se hubiese pronunciado al salir del palacio, no sólo sobre el mar sino también sobre la malignidad que se cierne sobre el país. El quedarse callado no es un acto de generosidad política, sino de deslealtad con los valores republicanos supremos: la libertad y la justicia.
En un país civilizado, las confesiones de un fiscal sobre cómo el Gobierno acusa, persigue, compra testigos, detiene o asesina, como sucedió con el caso del hotel Las Américas, hubieran causado un escándalo político si no el fin de un Gobierno. Sólo en Estados primitivos o en descomposición sucede que los Gobiernos entreguen las fiscalías a gente del hampa. Produce escalofríos escuchar la supuesta conversación telefónica del fiscal Soza, respecto a cómo funciona la justicia boliviana.
Si la sociedad no acaba con esa práctica del MAS de poner a fiscales y jueces a detener opositores y extorsionar a comerciantes, ese sistema va a convertirse en un verdadero cáncer social que tarde o temprano va a afectar a los mismos que hoy se creen ajenos a ese problema.
Bolivia nunca se ha distinguido por tener un buen sistema judicial, pero tampoco habíamos llegado a este extremo de degradación. La finalidad de la prisión preventiva en Bolivia, hoy se ha desvirtuado hasta convertirse en un castigo anticipado a quien no ha sido probado culpable, sea por razones políticas o de extorsión. Hoy, el Estado es incapaz de brindar seguridad o garantías de imparcialidad jurídica a la sociedad.
Por eso, no es de extrañarse que gran parte de los dirigentes de la oposición tengan juicios en su contra y que las cárceles estén llenas de presos políticos y víctimas de extorsión.
El reconocimiento y la garantía de los derechos humanos a la libertad individual y a la seguridad personal, son derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados que en Bolivia tienen jerarquía constitucional. Por fortuna, aunque tome algunos años, los casos presentados contra el Gobierno en distintos tribunales de justicia o arbitrales internacionales van a permitir sancionar a los responsables del abuso de poder, de crímenes extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tratos indignos y acusaciones sin pruebas.
En un comunicado de prensa del 5 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente recibió en audiencia a los representantes del Tipnis, señaló que: “la Comisión considera de suma preocupación la continuidad de la afectación y desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en varios países de la región, la continuidad de graves afectaciones a la vida e integridad física y cultural de pueblos, comunidades y personas indígenas, la represión de acciones de protesta y manifestaciones públicas realizadas por líderes, lideresas, autoridades y miembros de pueblos indígenas en defensa de sus derechos.”
Igualmente, la CIDH manifestó “suma preocupación por la información recibida en audiencias sobre el uso excesivo de la prisión preventiva” en la región. Casualmente, ése es el método de represión política preferido del Gobierno a través de fiscales venales, y por el que hoy languidecen en las cárceles bolivianas muchos bolivianos y extranjeros, civiles y militares inocentes.
La red de extorsión sigue intacta, salvo algunos operadores de poca monta que guardan detención para que el negocio siga funcionando. Un sistema perverso que funciona a la sombra del aparato propagandístico del Gobierno, que constantemente saca de la manga temas para distraer la atención de los verdaderos problemas de nuestra sociedad. Curiosamente, después de siete años de ignorar el tema del mar, hoy les viene a mano para evitar que descubramos cómo opera un tramado mafioso desde los más altos cargos del Gobierno.
El autor es abogado y diplomático
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