Mario Rueda nos muestra el acuerdo por el cual Chile no puede ceder a Bolivia territorio alguno sin antes buscar su parecer y a Perú sobre lo mismo. nos cierra un candado con dos llaves en poder de Chile y Perú.

Tenemos al frente muy difusas declaraciones que sólo acentúan la ominosa imagen del candado. Y es altamente probable que Chile y Perú mantengan tan ominoso cerrojo

Tanto en Chile como en Perú, algunas personalidades de la política ensayan posiciones favorables a la causa marítima de Bolivia. Desde la capital del Mapocho, ciertos líderes de la oposición que se postulan como candidatos a la Presidencia de la República, plantean la necesidad de que se nos beneficie con un acceso soberano al Pacífico. Unos consideran que esta concesión debe ser un “corredor marítimo” y otros prefieren la opción de “enclave territorial”. Ninguno de los proponentes abunda en mayores detalles.

En Perú, nada menos que el propio Presidente de la República, en declaraciones públicas, se manifestó partidario del retorno boliviano al Pacífico.

Pero tanto en Chile como en Perú se omite un detalle crucial para la credibilidad de ambas adhesiones. Se trata del Art. 1 del Protocolo Complementario del Tratado que ambos países suscribieran el 3 de junio de 1929, cuyo texto reza lo siguiente: “Los gobiernos del Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que de conformidad al tratado de la misma fecha, queda bajo sus respectivas soberanías”. La denominada “Línea de la Concordia” (entre Tacna y Arica), como raya demarcatoria de fronteras entre ambos países, marca el espacio de dicha prohibición.

En consecuencia, si Chile quiere cederle a Bolivia un corredor marítimo o un “enclave territorial”, tiene que contar con la previa autorización del Gobierno peruano. Éste, de tal modo, tiene las llaves de esta suerte de candado a la aspiración marítima de Bolivia.

Si los líderes políticos de la oposición chilena quieren credibilidad sobre el tema, lo primero que deben hacer es promover acciones del Legislativo y Ejecutivo para que Perú y Chile expurguen del Tratado de 1929 el tristemente célebre Protocolo Complementario. Igual obligación corre para el actual Presidente del Perú y para cuantos en esta nación vecina apoyan la causa marítima de Bolivia.

Lamentablemente, no se lo hace. Tenemos al frente muy difusas declaraciones que sólo acentúan la ominosa imagen del candado. Y es altamente probable que en el futuro mediato, Chile y Perú mantengan tan ominoso cerrojo.

El autor es periodista