Una derrota diplomática sensible, como ha sido la 42 Asamblea General de la OEA realizada en Cochabamba, no se la puede convertir en victoria cuando no existen los mínimos argumentos que permitan, siquiera, amortiguar el garrotazo de alguna forma. La secuela de fracasos diplomáticos suman y siguen en el Estado Plurinacional y nada indica, lamentablemente, que pueda existir una recuperación de imagen si a la cabeza de la Cancillería continúa David Choquehuanca, según quienes lo conocen una buena persona que ignora lo que son las relaciones internacionales.
Además, como el Canciller está sometido a los caprichos de S.E., ni siquiera podría, si supiera, rodearse de gente que conozca la compleja materia internacional o que, cuando menos, tuviera sentido común, lo que ya sería bastante dado el gobierno actual.
El MAS ha tratado, a través de algunos portavoces, de ponerle paños fríos a los resultados de la reunión, pero eso ha sido imposible ante la avalancha de críticas que se han desatado, provenientes, principalmente, de ex cancilleres y de personas versadas en diplomacia. Más allá de expertos internacionalistas es suficiente con haber seguido los acontecimientos de Tiquipaya, de haber leído sobre sus resultados. Fuera de las bravatas huecas de S.E. (“Chile está nervioso”) y de las risueñas y ponzoñosas diatribas del intruso presidente ecuatoriano, que se lanzaron ante complacidas agrupaciones sociales, todo lo que aconteció en el seno exclusivo de la Asamblea fue lamentable para Bolivia, mal que nos pese.
Ningún cosmético puede disimular el bofetón recibido después de la alocución del canciller Choquehuanca y de la respuesta del ministro chileno. Se trató de una propuesta boliviana de revisión del Tratado de 1904 y de una negativa chilena a hacerlo. ¿Por qué la propuesta de revisión? La revisión en sí, claro que se la puede hacer, es factible y se la ha hecho antes, pero, ¿se había hablado algo con Chile sobre el particular? Porque si se quiere revisar un tratado internacional tienen que estar de acuerdo las dos o más partes suscriptoras. Si no están de acuerdo las partes, ya no se trata de revisión sino de denuncia, que es un asunto muy grave. Pues bien, Choquehuanca se lanzó a la piscina vacía y quedó mal parado.
Que no trate ahora la Cancillería de querer salvar la cara recurriendo a la verba leguleya del diputado Héctor Arce, que debe saber de asuntos constitucionales pero que no puede sacar las castañas del fuego en un gafe diplomático descomunal. Estos fracasos no se arreglan con tretas socarronas como si se tratara de defenestrar al jefe de la desamparada marcha de los indígenas del TIPNIS. Aquí se ha retrocedido todo lo avanzado en medio siglo o más y no es cosa de venir a decir que hay que reformar la OEA o matarla. O que Panamá pudo revisar el Tratado del Canal con EEUU y Bolivia puede hacerlo con Chile. Si Panamá lo logró no fue con bravuconadas sino aprovechando el momento preciso y trabajando seriamente. No como Bolivia que hasta hace un año estaba de amores con su vecino del Pacífico, dejándose tomar el pelo con una agenda fullera, y ahora quiere conmover a la comunidad internacional que no se explica el súbito giro de la política exterior boliviana.
La mayoría de los pocos cancilleres asistentes y delegados que hicieron uso de la palabra incidieron en dos aspectos fundamentales que determinaron el destino de la Asamblea: uno, que el asunto marítimo debe arreglarse pacíficamente entre Bolivia y Chile, es decir, de manera bilateral, lo que favorece la eterna posición chilena; dos, que la solución del pleito tiene que hacerse respetando las normas del derecho internacional, lo que, para cualquier observador, significa el respeto a los tratados – “pacta sum servanda” – y lo que dispone la Convención de Viena sobre el cumplimiento a que están obligadas las partes.
Hubo una falta de estrategia diplomática en un momento propicio para haber obtenido algo y sobraron huachaferías que estuvieron a la orden del día. El vicecanciller Alurralde sigue manifestando que Chile tiene que renegociar el Tratado de 1904 porque así lo dispone la nueva Constitución boliviana. ¿Y qué le importa a Chile que la Constitución Plurinacional ponga los plazos que le dé la gana para renegociar tratados que le parezcan contrarios al interés nacional? Con esa lógica cada país podría incluir en su Carta Magna todas sus aspiraciones reivindicatorias, ¿y serían de cumplimiento obligado para otras naciones? ¿No es una huachafería total?
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